En la presente entrevista, José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, primer procurador anticorrupción ad-hoc del Perú en el presente siglo, comenta sobre los procesos penales vigentes que giran en torno al presidente Pedro Castillo y a Karelim López, quien sería candidata a colaboradora eficaz. 

Tratamiento integral de los casos

El profesor José Ugaz comenta que actualmente existe una problemática de cercenamiento de investigaciones penales en el Ministerio Público.

La administración de las investigaciones pertenecientes a casos íntimamente vinculados, o incluso a un mismo caso, suele desagregarse y distribuirse a diferentes instancias de la entidad. Ello no permite que exista un tratamiento uniforme e integral de los casos porque se pierde de vista el panorama completo. 

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Por ejemplo, aterrizando en el caso de la empresaria Karelim López, ella se encuentra referenciada en diversas investigaciones penales vinculadas entre sí; sin embargo, cada una de ellas se encuentra bajo el cargo de diferentes fiscales. 

Como solución, el profesor Ugaz señala que es necesario realizar un diagnóstico de las causas que han llevado a que esto ocurra. Así, considera que la razón puede deberse a una mezcla de dos factores principales: 1) la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal y 2) la crisis interna del Ministerio Público. Asimismo, es menester reconocer que el sistema no está funcionando y conlleva a una administración no ineficiente de la investigación, para posteriormente plantear un reordenamiento del mismo. 

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Filtración de información

Karelim López, quien es aspirante a colaboradora eficaz en casos de presunta corrupción que involucran al Presidente Castillo y a otros funcionarios públicos, ha divulgado en medios de comunicación información perteneciente a las investigaciones penales que integra. 

Ante esto, el profesor Ugaz considera que, por un lado, ello puede servir como una garantía de seguridad del colaborador eficaz, en tanto las posibles represalías hacia el mismo se verían contenidas; sin embargo, también sostiene que es necesario el establecimiento de límites a la difusión de la información relacionada con las investigaciones penales, ya que podría entorpecerlas.