La Guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas, publicada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual[1], nos abre la posibilidad de propiciar un rol proactivo de la Contraloría General de la República, en la identificación de riesgos por conductas anticompetitivas, que se detecten en las acciones de control simultáneo a los procedimientos de selección.

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Si bien, la guía enfatiza en identificar las prácticas anticompetitivas provenientes de la oferta, contenidas en el Decreto Legislativo N° 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, no es menos cierto que las entidades públicas, demandantes de los bienes y servicios en el mercado, incurren en prácticas que distorsionan la libre competencia, al diseñar términos de referencia y especificaciones técnicas durante la preparación de las bases, siendo este aspecto, la principal fuente de direccionamiento[2], máxime, si no son impugnables por la legislación, con lo cual, la regulación ha creado los incentivos para su diseño anticompetitivo de parte de los funcionarios, y la imposibilidad de su impugnación de parte de algún postor perjudicado o cualquier ciudadano de una localidad con legítimo interés en el desarrollo de un proceso competitivo en el ejercicio de su derecho constitucional a la participación ciudadana; afectándose con ello, la transparencia, libre concurrencia y la eficiencia en la gestión de la contratación pública.

A este respecto, es fundamental el rol de la Contraloría General de la República, a través de sus Órganos de Control Institucional-OCIs, en la identificación de riesgos y prácticas anticompetitivas, en el marco de una acción de control simultánea, dentro de las nuevas prioridades proactivas de los servicios de control de la Contraloría General de la República.

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En este sentido, los Órganos de Control Institucional- OCIs, tienen una ventaja estratégica en la detección y prevención de prácticas anticompetitivas diseñadas por las entidades públicas en los procedimientos de selección, por lo que sería necesario modificar el artículo 14 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado[3], para facultar a la Contraloría General de la República y a sus Órganos de Control Institucional-OCIS a comunicar fundamentalmente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, o al Órgano Superior de Contrataciones del Estado,  la existencia de evidencias o indicios de conductas anticompetitivas detectadas en una acción de control simultáneo a los procesos de selección, sin perjuicio de afectar las funciones de ambas instituciones públicas, siendo el objetivo, maximizar las sinergias que los órganos del sistema nacional de control pueden generar para una intervención oportuna y temprana de la agencia especializada de competencia, lo cual contribuirá a generar desincentivos de doble vía, con la finalidad que la gestión conduzca su actuación respetando el principio de la libre competencia.

Magno Eduardo Collazos Miranda. Abogado. Máster interuniversitario en Derecho de la Administración Publica por las Universidades Rovira i Virgili y Zaragoza.

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