La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura multó con el 1% de su remuneración mensual a Wilmar Castrejón Terrones, un secretario judicial del Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima.

El cargo imputado al secretario judicial señaló que no se elevó el expediente al superior jerárquico, en virtud al concesorio de apelación de fecha 18 de julio de 2017, es decir, se trató de una omisión que contravino el artículo 376 del Código Procesal Civil que fija como plazo máximo cinco días de concedida la apelación o la adhesión.

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¿Cuál fue su defensa?

En su defensa, el secretario enlistó diversas razones que habrían evitado elevar el expediente, sin embargo, uno de sus argumentos llamó la atención de sobremanera:

Así, sostuvo que el expediente en ejecución fue trasladado a una procuraduría, en cuyo despacho de mesa de partes se recibió la documentación que era voluminoso, estaba llena de hongos y en 2017 no se contaba con los elementos logísticos para sacar copias y formar el incidente respectivo.

El servidor pretendió eximirse de responsabilidad señalando que la documentación no se encontraba bajo su posesión, pues la derivó a otra área. Sin embargo, esta explicación fue rechazada por los jueces.

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