El congresista Victor Raul Cutipa Ccama presentó el Proyecto de Ley 3031-2022-CR que plantea regular las migraciones a través de la cancelación migratoria y la expulsión de extranjeros. Este proyecto lograría su cometido mediante una modificación al Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migración. 

Al revisar la fórmula legal del proyecto se establecen diversas causales de expulsión, entre las que destacan la causal de expulsión del extranjero detenido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú y los condenados por delito doloso y culposo. Líneas más abajo, en la exposición de motivos del proyecto, el congresista justifica su propuesta y expresa su opinión sobre los venezolanos. Aquí un extracto del documento:

(…) producto de la debacle del regimen de Chavez y Madur, Venezuela está exportando delincuentes de distintas epecialidades, bandas experimentadas y organizadas, métodos delictirvos y prácticas criminales de extrema peligrosidad, advirtiendose los episodios de sicariato, atravos y robos a residencias, ajustes de cuentas, entre otros (…)

En síntesis, el proyecto reviste una motivación que pretende expulsar a los inmigrantes venezolanos que incumplan alguna de estas causales que agrega el proyecto de ley: 

(…)

i. Por contravenir disposiciones sanitarias. 

J. Por poseer falsos documentos de indentidad o suplantación de identidad. 

k. Por encontrarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización. 

l. Por haber sido cancelada su calidad migratoria.

n. Por haber sido condenado por delito doloso o culposo. 

(…)

Lo cierto es que el proyecto contraviene una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el  Exp. 00688-2020-PHC/TC, que fue emitida el 12 de julio de 2022. 

La demanda ante el TC se interpuso contra el requisito de presentar el pasaporte vigente para permitir el ingreso al territorio nacional de venezolanos. Esta decisión estuvo fundamentada en una supuesta protección de la seguridad nacional.

En esa línea, el TC resolvió que el Estado no puede vulnerar la Constitución al establecer la normativa migratoria. Clic aquí para descargar la sentencia completa.

(…) es a la autoridad migratoria competente a la que le corresponde evaluar y determinar caso por caso si la persona migrante que pretende ingresar al territorio nacional cuenta o no con una condición de vulnerabilidad, ya sea que formen parte de los grupos ejemplificados en el Decreto Legislativo 1350, ingrese en la categoría de las que requieren protección en atención a una grave amenaza o afectación a sus derechos fundamentales o pertenezcan a otro grupo vulnerable; con lo cual, hay un amplio margen para la valoración de estos casos, que, por cierto, no está exento de un eventual control posterior por el órgano jurisdiccional. (f.j. 83)

Es importante recordar que en 2020, el congresista Hipólito Chaiña, del grupo parlamentario Nueva Constitución, formuló un proyecto de ley similar, el Proyecto de Ley 7028/2020-CR.

Esta iniciativa estableció «la expulsión inmediata de extranjeros que se encuentren indocumentados, cometan faltan y delitos; y medidas para el ingreso de nacionales procedentes de Venezuela». 

Así, en el artículo 2 del proyecto se mencionó que los extranjeros indocumentados que cometan delitos y faltas serían expulsados del territorio nacional a los 15 días de entrar en vigencia la ley. Además, en el artículo 3 del proyecto de norma, se señaló que las personas que ofrezcan alojamiento o entablen una relación laboral con ellos, serán sancionados con multa.

Por otro lado, también se planteó que los venezolanos que pretendan acceder al país deberían presentar pasaporte y certificado internacional de antecedentes INPERPOL. Adicionalmente a lo mencionado, «deben demostrar que portan con dos mil dólares americanos como mínimo por persona que pretende ingresar al país». 

Por último, el proyecto prohibía el ingreso de venezolanos hasta que se reordene la normativa migratoria nacional, y se refuercen las fronteras con Ecuador y Colombia mediante un destacamiento de las Fuerzas Armadas en cada país señalado.

Denuncia por discriminación contra inmigrantes 

En 2019, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el alcalde provincial de Huancayo, Henry Fernando López Cantorín, por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos.

Esto debido a sus declaraciones mediáticas y tras la publicación de un comunicado oficial titulado «Alcalde ratifica su posición de Huancayo libre de venezolanos».

La investigación de oficio estará a cargo del fiscal provincial Herik Henry Gonzáles Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. Así lo informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Por aquellos años, el alcalde López Cantorín afirmó que expediría una ordenanza para restringir la contratación de trabajadores extranjeros en Huancayo, especialmente de nacionalidad venezolana. 

Así, en el referido comunicado de la comuna huancaína, se recogen estas polémicas declaraciones del burogomaestre: 

A mi me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto; y si por eso lo venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron hoy, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad, no voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí ni a nadie, más aun cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos las facilidades para trabajar, por eso me ratifico ‘Huancayo libre de venezolanos.