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Hasta siete años de cárcel recibirían trabajadores que demoren en tramitar instalación de servicios básicos (agua, luz, desagüe, etc)

Hasta siete años de cárcel recibirían trabajadores que demoren en tramitar instalación de servicios básicos (agua, luz, desagüe, etc)

Por Redacción Laley.pe

jueves 29 de diciembre 2022

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Aún es un proyecto de ley. El congresista Guillermo Bermejo de la bancada de Perú Democrático presentó el Proyecto de Ley 3854/2022-CR que busca penalizar hasta con siete años de cárcel efectiva a los funcionarios o servidores públicos que tarden en tramitar servicios básicos de agua, luz, desague, saneamiento de predios o servicios públicos análogos.

Así lo indica el documento al que tuvo acceso Laley.pe, en cuyo desarrollo explica las razones por las que incorporar este agravante al delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, regulado en el artículo 337 de nuestro Código Penal, sería razonable. 

 

 

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales

(…)

Si la omisión, rehusamiento o demora del funcionario o servidor público se refiere a la tramitación de servicios básicos de agua, luz, desagüe,saneamiento de predios o servicios públicos análogos, iniciados de oficio o a solicitud de parte, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36″.

Al describir la problemática, el proyecto asegura que en nuestro país los funcionarios o servidores no priorizan estos pedidos o solicitudes, independientemente de la burocracia. Por ende, la propuesta de norma invoca el derecho a acceder a los servicios básicos y su naturaleza esencial para la comunidad que ha reconocido el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. 

Claramente, este proyecto de ley deberá ser evaluado con mucha cautela, pues la tendencia a criminalizar estas omisiones deberá ser sometida a un test de proporcionalidad que permita su viabilidad.

 A la fecha, el proyecto se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en cuyas sesiones deberán examinar y discutir los alcances de esta controvertida propuesta.

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