Aún es un proyecto de ley. El congresista Guillermo Bermejo de la bancada de Perú Democrático presentó el Proyecto de Ley 3854/2022-CR que busca penalizar hasta con siete años de cárcel efectiva a los funcionarios o servidores públicos que tarden en tramitar servicios básicos de agua, luz, desague, saneamiento de predios o servicios públicos análogos.

Así lo indica el documento al que tuvo acceso Laley.pe, en cuyo desarrollo explica las razones por las que incorporar este agravante al delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, regulado en el artículo 337 de nuestro Código Penal, sería razonable. 

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales

(…)

Si la omisión, rehusamiento o demora del funcionario o servidor público se refiere a la tramitación de servicios básicos de agua, luz, desagüe,saneamiento de predios o servicios públicos análogos, iniciados de oficio o a solicitud de parte, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36″.

Al describir la problemática, el proyecto asegura que en nuestro país los funcionarios o servidores no priorizan estos pedidos o solicitudes, independientemente de la burocracia. Por ende, la propuesta de norma invoca el derecho a acceder a los servicios básicos y su naturaleza esencial para la comunidad que ha reconocido el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. 

Claramente, este proyecto de ley deberá ser evaluado con mucha cautela, pues la tendencia a criminalizar estas omisiones deberá ser sometida a un test de proporcionalidad que permita su viabilidad.

 A la fecha, el proyecto se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en cuyas sesiones deberán examinar y discutir los alcances de esta controvertida propuesta.