El país se desangra en medio de protestas, incertidumbre y miedos de todo tipo.  Los fanáticos de derechas e izquierdas, incluso los más organizados, están enloquecidos por su fulgor.  Solo proponen confrontación y desgarro.  Más allá de infiltrados delincuentes a quienes hay que ubicar y castigar, lo cierto es que hay un sector de la población con bronca contenida por décadas, la misma que tiene causas que el Derecho puede abordar y resolver.

Desde el sistema de propiedad de la tierra y sus recursos se puede hacer mucho, ya que los “alzados” son fundamentalmente “dueños de nada”, personas sin esperanza de participar en los beneficios del mercado.  Ellos no recibieron ninguna “ficha” para iniciarse en el juego del intercambio enriquecedor, ni pudieron hacerse de recursos para incursionar en el engranaje capitalista.  Hay que reconocerlo, las reformas de los 90 no lograron generar oportunidades para todos por igual y han acumulado rencor y frustración en gran parte de la sociedad.

Las reglas que asignan la propiedad predial tienen la virtud de crear condiciones de paz y desarrollo cuando asignan derechos de un modo eficiente, otorgando el título o parte de él a quienes mejor provecho obtienen de los bienes.  Ahora bien, el buen aprovechamiento no solo se logra haciendo propietario al que conoce mejor el negocio, sino también al que estando íntimamente vinculado con la tierra podría perturbar su explotación de un modo poderoso y definitivo.  Quien puede impedir la explotación, cuando ya no se puede con él luego de haberlo intentado todo, debe ser incorporado en el esquema de la propiedad.

Es momento de abordar en serio y con urgencia la modificación del régimen de la propiedad de los recursos naturales (artículo 66 de la Constitución), haciendo que las comunidades y demás personas circundantes, dueñas de las tierras superficiales, participen directamente en la propiedad de los recursos, haciéndose socias de las empresas y del Estado, recibiendo utilidades efectivas.  Si los dueños del suelo participan de los beneficios serán los más interesados en hacer que los emprendimientos se realicen.  Así ocurre en muchas partes del mundo.

Estoy seguro que de esta manera los reclamos que han detenido decenas de proyectos se levantarían rápidamente.  De qué sirve insistir en la propiedad absoluta de los recursos a favor de la Nación o desplegar privilegios presupuestales que administran corruptos burócratas, si en los hechos la riqueza permanecerá sepultada bajo las llantas quemadas y caminos tomados, o en el mejor de los casos el dinero perdido en inútiles monumentos.  Hay que ser realistas.  Más se pierde en recursos naturales inmovilizados que en una asignación puntual de derechos a favor de los dueños de la tierra, quienes, todos lo sabemos, ven con celo y tirria a los vecinos corporativos que se enriquecen con la explotación.

Obviamente, modificaciones de este tipo no pueden se retroactivas y suponen analizar con detalle la determinación de quién es el propietario del suelo, pero representarían para el futuro un despliegue de paz y desarrollo, usando las reglas de la propiedad.