El derecho a la autodefensa de un abogado imputado puede ser limitado si es que este pretende «dirigir» el proceso de una diligencia fiscal e «intimidar» a los testigos. Así lo resolvió nuestra Corte Suprema de Justicia en la Apelación 20-2022, Junín.

Durante una diligencia fiscal, el abogado e imputado por el delito de cohecho activo y obstrucción a la justicia, intentó ejercer su derecho a la autodefensa durante una diligencia que la fiscalía dirigía. Sin embargo, el representante del Ministerio Público se lo prohibió y, en su defecto, convocó a un defensor público para que lo asista.

Pese a la negativa rotunda del abogado de ser asistido por un defensor público, la diligencia fiscal se llevó a cabo con normalidad. El imputado se negó a aceptar el acta y solicitó un nuevo procedimiento en el que pueda ejercer su derecho a la autodefensa. Según la fiscal, el abogado pretendió dirigir la investigación al ejercer su autodefensa y por eso tuvo que imponerle un abogado de oficio o defensor público.

Abogado exige tutela de derechos al ser prohibida su autodefensa

Posteriormente, la defensa técnica del investigado solicitó la tutela de derechos contra la actuación del fiscal durante la cuestionada diligencia.

Sin embargo, el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infudada la tutela de derechos, por lo que el procesado decidió elevar la apelación ante la Corte Suprema de justicia.

Al aceptar analizar la casación, la Corte Suprema detalló que el abogado imputado no cuestionó en ningún momento la defensa que ejerció el abogado de oficio durante la diligencia, sino la validez de esta misma, que no le permitió ejercer su derecho a la autodefensa.

Es decir, sus cuestionamientos no giraron en torno a la defensa formulada por el abogado de oficio, sino por la disposicón del fiscal al no ceder ante su pedido de ser él quien abogue por sí mismo. El abogado imputado le pidió a la Corte Suprema que exhorte al Ministerio Público a cesar sus actos de obstrucción a la defensa.

Análisis sobre el derecho a la autodefensa (Corte Suprema)

En su análisis del caso, la Corte Suprema tuvo en cuenta una resolución del Tribunal Constitucional que, en 2006, determinó que el derecho de defensa se afecta cuando cualquiera de las partes es impedida de ejercer su defensa. 

5.8 (…) El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.

Sin embargo, según una cita de un informe emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU se considera que el derecho a la autodefensa no es absoluto y debe ejercerse sin causar obstrucciones al procedimiento.

5.9 (…) El Comité de derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consideró que el derecho a la autodefensa –como todos los demás- no es absoluto y debe ejercerse sin causar obstrucciones al procesamiento. El interés de la justicia es compatible con la imposición de un abogado de oficio, contra la voluntad del acusado, en particular si este obstruye de manera significativa y persistente la buena marcha del proceso. 

El fallo de la Suprema:  sí se puede limitar la autodefensa

Dicho en sencillo, la jurisprudencia citada señala que se puede limitar el derecho a la autodefensa siempre que el imputado no busque obstruir el proceso que se lleva a cabo. Asimismo, se le puede imponer, incluso en contra de su voluntad, un abogado de oficio al denunciado si dificulta o entorpece el desarrollo del proceso. Como en este caso, el investigado, según el fiscal, pretendía dirigir la investigación e intimidaba a los testigos.

5.11. Dicha consideración es válida si se toma en cuenta que como fiscal a cargo de la dirección de la investigación preliminar, específicamente, la de la diligencia de escucha cuestionada, tenía que tomar las precauciones necesarias para la correcta realización de esta; de modo que la justificación para limitar su derecho a la autodefensa en dicha diligencia era razonable.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar infundado el recurso de apelación del abogado y reafirmó el auto emitido por la Sala Superior.

Suprema: fiscal puede impon… by Redaccion La Ley – Perú