La acción penal y el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado no puede ser eterna en la persecución de determinados delitos. El cese de la potestad del Estado para perseguir dichos delitos ha sido denominado prescripción de la acción penal, cuya relación con derechos fundamentales como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, su operatividad y su relevancia a deben ser analizados.

Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional ha desarrollado importantes pronunciamientos respecto a los fundamentos de la prescripción penal, su relación con el plazo razonable, las excepciones a la potestad de tiene dicho órgano para pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal. A continuación, presentamos siete de los más importantes.

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1. Fundamento de la prescripción de la acción penal

En la STC Exp. N° 1805-2005-HC/TC, el Tribunal Constitucional conceptualiza en primer lugar la prescripción, a la cual define como “una institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones”.

Partiendo de dicha definición, procede a enfocar la prescripción en el ámbito penal, entendiendo a la prescripción de la acción penal como “una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella”.

2. ¿Qué puede cuestionar un hábeas corpus cuando ya operó la prescripción de la acción penal?

En la STC Exp. N° 02428-2015-PHC/TC, el Tribunal Constitucional ha sostenido que a través del habeas corpus se podrá cuestionar la persecución de un proceso penal o la emisión de una sentencia condenatoria, cuando la prescripción de la acción penal del delito imputado hubiere operado, siempre que de manera previa la justicia penal haya determinado los elementos temporales que permitan el cómputo del plazo de prescripción.

3. El cómputo del plazo de prescripción le corresponde a la justicia ordinaria

En la STC Exp. N° 02407-2011-PHC/TC, el Tribunal Constitucional estableció que “a relevancia constitucional de la prescripción de la acción penal, el cálculo de dicho lapso requiere, en algunas ocasiones, la dilucidación de aspectos que no corresponde determinar a la justicia constitucional. En efecto, conforme al artículo 82º del Código Penal el cómputo del plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que se consumó el delito (para el delito instantáneo) o desde el momento en que cesó la actividad delictuosa (en los demás casos)”. 

Es posible concluir entonces, que la determinación de la prescripción de la acción penal requiere que previamente la justicia ordinaria haya dilucidado la fecha en la que cesó la actividad delictiva o el momento de la consumación.

4. La prescripción de la acción penal adquiere relevancia constitucional cuando se encuentra vinculada con el derecho al plazo razonable

En la STC Exp. N° 03429-2016-PHC/TC, el Tribunal Constitucional reafirma que si bien en reiterada jurisprudencia se ha establecido que el cálculo del plazo de prescripción de la acción penal y otros aspectos le corresponde a la justicia ordinaria, en tanto no tienen relevancia constitucional, existe una circunstancia especifica en la que dicha prescripción adquiere dicha relevancia constitucional: cuando la prescripción de la acción penal se encuentre vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso, sí tiene relevancia constitucional, pues forma parte del derecho fundamental del debido proceso.

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5. El pronunciamiento sobre la prescripción de la acción penal no es regla general

En la STC Exp. 3693-2008-HC/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando resulte necesario determinar aspectos reservados a la justicia ordinaria como determinar la fecha de consumación del delito, si se trata de un delito instantáneo o permanente, o la presencia de concursos delictivos a efectos de contabilizar los plazos de prescripción de la acción penal, la demanda de habeas corpus deberá ser rechazada.

En conclusión, la prescripción de la acción penal es un aspecto que puede merecer pronunciamiento de fondo, pero siempre que ello no implique dilucidar aspectos que solo competen a la justicia ordinaria.

6. Se vulnera el derecho al plazo razonable cuando continua la acción penal a pesar de haber operado su prescripción

En la STC Exp. N^o 03429-2019-PHC/TC, El Tribunal Constitucional ha reafirmado que resulta lesivo al derecho al plazo razonable del proceso que el representante del Ministerio Público (titular de la acción penal) sostenga una imputación o los órganos jurisdiccionales continúen con el proceso cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos.

7. El Tribunal Constitucional puede verificar de oficio la operatividad de la prescripción penal

En la STC Exp. N^o 01743-2013-PHC/TC, el Tribunal Constitucional verifica la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable del recurrente, y posteriormente confirma la operatividad al momento de la prescripción de la acción penal y ordena al órgano jurisdiccional competente su pronunciamiento a efectos de definir la situación jurídica del recurrente.

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