El Estado debe pagar 14,395 millones de soles por sentencias firmes en su contra, emitidas en el marco de procesos judiciales y arbitrales. Ello acorde al reciente Informe Situacional de la Administración Financiera del Sector Público, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Sobre las demandas

Las demandas que enfrenta el Estado, tanto judiciales como arbitrales, van desde temas relacionados con conflictos laborales, hasta controversias contractuales derivadas de proyectos de inversión.

Las entidades gubernamentales que registraron demandas judiciales y arbitrajes, en instancias nacionales durante el período 2019 y 2020, fueron 799 en total.

Por otro lado, en el 2020, del total de entidades gubernamentales que reportaron demandas judiciales y arbitrajes, el 77% corresponde a los gobiernos locales; el 19% a las entidades del gobierno nacional; y el 4% a los gobiernos regionales.

Ello, conforme a la información registrada en la aplicación informática “Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado”.

Asimismo, específicamente, las demandas con sentencia firme son aquellas calificadas como cosa juzgada o consentidas. Estas son registradas en las cuentas del pasivo en Cuentas por pagar e incluye lo correspondiente al monto de la sentencia, más intereses y pagos.

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¿A cuánto ascendería la contingencia total?

La contingencia de todos los procesos judiciales y arbitrales en el Estado, tomando en cuenta los que se encuentran en proceso, en fase de apelación, y con sentencia firme, asciende a 52,915 millones de soles.

En el caso de las demandas judiciales en proceso, el total de contingencias asciende a 26,515 millones de soles. De estos procesos, el 71.8% corresponde al gobierno nacional, el 5.4% a los gobiernos regionales y el 22.8% a los gobiernos locales.

Por otro lado, las provisiones generadas por sentencias judiciales no firmes ascienden a 4,056 millones de soles.

Cabe recordar que, en las entidades públicas, las demandas judiciales interpuestas contra el Estado, contablemente, son tratadas como contingencias y registradas en cuentas de orden; y, las sentencias emitidas en contra del Estado son contabilizadas como provisiones.

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