En el segundo día de detención de Alejandro Toledo en los Estados Unidos, se ha dado a conocer que las autoridades judiciales norteamericanas califican al expresidente  como “fugitivo” de la justicia de nuestro país.

Así, en la resolución del juez Thomas S. Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, difundida por El Comercio, se señala lo siguiente: “Por lo tanto, los que suscriben solicitan que se emita una orden de arresto contra Alejandro Toledo Manrique de conformidad con 18USC 3184 y el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú, para que el fugitivo pueda ser arrestado y llevado ante este tribunal hasta el fin de que las pruebas de criminalidad puedan ser escuchadas y consideradas”.

En el documento, que lleva la firma del juez Hixson, se refiere que la demanda fue impulsada por la representante del Departamento de Justicia, Elise LaPunzina, una especie de fiscal para el caso.

En la descripción de la fiscal, luego de analizar los documentos enviados del Perú «las ofensas [delitos] por las que se solicita la extradición están previstas en el tratado. (…) En este asunto, represento a Estados Unidos en el cumplimiento de su obligación de tratado de extradición con el Perú».

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Entre los cargos, se detalla el pago del presunto soborno por US$ 20 millones de la constructora Odebrecht. También la recepción de dinero ilícito habría sido lavado por Toledo por medio de compras inmobiliarias en el Perú en el marco del caso Ecoteva.

«Finalmente, en dirección al margen del pago, algunos de los fondos se transfirieron a dos bancos peruanos, uno de los cuales estaba en poder de una persona nombrada, y se usaron para comprar propiedades en el Perú», precisa el documento.