Desde hoy los integrantes del Congreso disuelto podrían ser arrestados o procesados si así lo deciden el Poder Judicial y el Ministerio Público. Son 25 los exparlamentarios que tienen una investigación en la Fiscalía, ya sea por presuntos delitos comunes cometidos antes del ejercicio de sus funciones o durante el mismo. De todos ellos, siete fueron blindados en su momento por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad.

De acuerdo al artículo 93 de la Constitución, los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Parlamento o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.

Entre los investigados, destacan los nombres de Yesenia Ponce (PPK), Betty Ananculí y Moisés Mamani (ambos de Fuerza Popular), quienes vienen siendo investigados por la Fiscalía por presuntamente haber mentido en su hoja de vida.

Mamani también fue acusado de tocamientos indebidos por una aeromoza; y Ponce, por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado, tras haber pagado diez mil soles al exdirector de un colegio para obtener un certificado de estudios.

Por su parte, Joaquín Dipas (Fuerza Popular) tiene una condena de cinco años por el delito de colusión por haber sobrevalorado la compra de un terreno cuando era alcalde de Pichari (Cusco).

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También aparecen Wilbert Rozas (Frente Amplio), por peculado doloso; Edilberto Curro (Frente Amplio), por falsedad genérica, tras haber aprobado de manera irregular un ciclo de la carrera de derecho en la Universidad de Puno cuando estaba en funciones; y Roberto Vieira (Cambio 21), por presunto tráfico de influencias al interior del Ministerio de la Producción, para eliminar la sanción a la embarcación pesquera de su primo.

La Comisión Permanente

En el caso de los 28 miembros de la Comisión Permanente, ya sea en condición de titulares o suplentes, la inmunidad les alcanza hasta 30 días después de la instalación del nuevo Congreso. Es decir, hasta marzo o abril del 2020.

De estos, 17 se encuentran afrontando una investigación en la Fiscalía. En la lista, resaltan los nombres de Javier Velásquez Quesquén (Apra), Richard Acuña (APP), Karina Beteta y Daniel Salaverry (ambos de Fuerza Popular).

Solo uno de ellos es investigado por haber delinquido antes de su elección. Se trata de Héctor Becerril, acusado de presuntamente integrar la organización criminal “Los Wachiturros de Tumán”.