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Jorge Fernández Campos
Viernes, 22 de mayo de 2015 | Leída 6450 veces
SOBRE LA ARBITRARIA CALIFICACIÓN DE TRABAJADOR DE CONFIANZA

Una saludable corrección al Tribunal Constitucional

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A mediados de agosto del año pasado los seis nuevos Magistrados del TC y su Presidente despidieron sin causa justa, aparentemente mal asesorados, a doce servidores públicos con régimen laboral de la actividad privada y con amplia experiencia en los asuntos jurisdiccionales que, en su mayoría, tenían más de una década de servicios de labores. Todos ellos habían obtenido sus plazas previo concurso público, con lo cual tenían derecho a la protección contra el despido arbitrario, conforme la Constitución y los múltiples pronunciamientos que precisamente el TC había expedido previamente.

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Para tal propósito, el Presidente del TC y los seis nuevos Magistrados - de un día para otro - el 25 de julio de 2014, declararon que todos los asesores jurisdiccionales del Gabinete de Asesores (alrededor de 58 en sus distintos niveles) eran trabajadores de confianza, ello sin observar el concepto de trabajador de confianza en el sector público y los límites porcentuales establecidos en la Ley Marco del Empleo Público.

 

Adicionalmente, no se observó que todos los afectados ingresaron por concurso público y tenían contratos laborales a plazo indeterminado. Lo curioso del caso es que nunca se comunicó formalmente la variación de la calificación del puesto de trabajo a los beneficiarios, por así decirlo; es decir, sin permitir que los mismos puedan interponer las acciones legales para impugnar su designación.

 

Pero si esto no bastara para calificar a este hecho de abusivo, el mismo Presidente del TC pocos días antes de los despidos, 14 de julio de 2014, había publicado en su portal institucional la Resolución Administrativa N.° 088-2014-P/TC, en la que se calificaban todos los 58 cargos de asesores jurisdiccionales como de plazo indeterminado.

 

Según el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del TC, el Tribunal cuenta con 160 trabajadores y de esos sólo el 5% puede ser personal de confianza como lo dispone el artículo 4 de la Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, es decir, sólo 8 servidores pueden ser de confianza. Por lo demás, estos trabajadores ya estaban previamente reconocidos en el PAP y son: el Secretario General, el Secretario Relator, el Director General de Administración y cinco más con funciones distintas a las de Asesores jurisdiccionales. Por tanto, es un imposible jurídico que todos los 58 Asesores jurisdiccionales sean trabajadores de confianza.     

 

La arbitrariedad se consumó la primera quincena de agosto de 2014, cuando el mismo día que comunicaron a los trabajadores que sus puestos habían sido calificados como de confianza eran despedidos, precisamente porque se les había retirado la confianza, ello ocurrió con un grupo inicial de 12 trabajadores, Asesores jurisdiccionales todos ellos. Para que quede claro, el mismo día que les comunicaban a los trabajadores que los habían calificado como de confianza los despedían. 

 

Pero lo que ya resulta en extremo sorprendente es que el día 8 de agosto de 2014, días antes de los despidos, el Secretario General del Tribunal Constitucional, solicitó una opinión a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) sobre la condición de los Asesores jurisdiccionales, y esta entidad le contestó que eran trabajadores estables de plazo indeterminado. A pesar de la opinión de la máxima entidad sobre las cuestiones laborales de los servidores públicos, evidentemente contraria al despido arbitrario, los Magistrados del Tribunal prosiguieron con los despidos, evidenciando de este modo la mala fe laboral. 

 

Definitivamente, este comportamiento es contrario a la finalidad del Tribunal Constitucional, que debe garantizar la protección de los derechos constitucionales en general y los derechos de los trabajadores en especial. Los Nuevos magistrados del TC y su Presidente han cometido, entendemos mal asesorados, una violación de derechos constitucionales pasible de denuncia constitucional por infracción de la Constitución. Si los Nuevos Magistrados del TC cometen esta arbitrariedad contra los propios trabajadores del Tribunal que les puede esperar a los ciudadanos.

 

Ahora bien, los Juzgados Laborales de Lima ya están, en su mayoría, amparando las demandas y reponiendo a los trabajadores afectados que han optado por dicha pretensión (otros han optado por las reparaciones económicas), ello a fin de reparar la violación de los derechos constitucionales vulnerados. Así, debe tenerse presente que dentro de un estado social y democrático de derecho nadie puede ir en contra de la Constitución, las leyes o los precedentes del Tribunal Constitucional, ni siquiera el propio Tribunal Constitucional.

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10 Comentarios
V. M. Raymar illena Chumbiauca
Fecha: Jueves, 9 de junio de 2016 a las 16:21
Sí, pues, el TC del precedente Huatuco... ¿También habrán sido los "Asesores"? ¡Por favor, eso es para ingenuos! ¡Así estamos!
Sergio Llerena Zúñiga
Fecha: Martes, 25 de agosto de 2015 a las 12:08
La institución que debe proteger y hacer respetar los derechos fundamentales de las personas en este caso el derecho al trabajo Constitucionalmente reconocido, asi como la protección contra el despido arbitrario, y sin embargo, ellos mismos vulneran lo que deberían defender, que podemos esperar, imagínense si es que se hubieran dado los nombramientos con los negociados políticos entre las diferentes bancadas del Congreso de años atrás
VIOLETA
Fecha: Miércoles, 10 de junio de 2015 a las 11:58
"EN CASA DE HERRERO, CUCHILLO DE PALO"
Carmen Letelier
Fecha: Miércoles, 10 de junio de 2015 a las 09:54
Extraordinaria corrección, con mayor razón el mismo Tribunal Constitucional está en el deber de proteger los derechos laborales irrenunciables de su personal de "confianza".
Walter Ramos
Fecha: Martes, 9 de junio de 2015 a las 23:57
Todos los Magistrados del Tribunal Constitucional deben de ser evaluados mediante un examen en la especialidad de cada uno de los mismos. Siendo el TC el máximo intérprete de la Constitución y las leyes, si vulneraron derechos constitucionales de los propios trabajadores subordinados a sus ordenes, que nos espera a un ciudadano comun y corriente, que acudimos mediante recurso extraordinario en busca de justicia.
RAUL
Fecha: Lunes, 8 de junio de 2015 a las 12:00
es muy lamentable, que quienes nos deben garantizar la tutela de derechos constitucionales, cometan este tipo de arbitrariedades. Qué otros criterios y decisiones de este tipo, nos esperan de estos magistrados?
LUis
Fecha: Domingo, 7 de junio de 2015 a las 23:22
Ahora entendemos a que se debe ese precedente que no proceden la reposiciones dentro del regimen de la 728...Magistrados asi quieren dar ejemplo de justicia..
JIMY
Fecha: Domingo, 7 de junio de 2015 a las 18:03
LO MISMO SUCEDIÓ CON EL RÉGIMEN CAS, DECLARANDO QUE NO ES INCONSTITUCIONAL ESTA NORMA, SIN BENEFICIOS LABORALES
JUAN
Fecha: Martes, 2 de junio de 2015 a las 16:26
Buenas tardes, la eterna disculpa, siempre el alto funcionario, y hasta el mismo articulista, descargando todo en los "asesores". Los responsables son los que firman u ordenan, en este caso los mismos jueces. Acaso antes de firmar no leen, no preguntan no examinan. Lo que pasa es que no se quiere ver la raigambre dictatorial de todos los que acceden a altos cargos.
victorhugo montoya
Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2015 a las 19:12
Que lastima que el defensor de la Constitución se haya convertido en el primer violador de los derechos humanos. Lo mas impensable es que viole los derechos laborales de sus propios trabajadores.

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