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César Azabache Caracciolo
Martes, 9 de junio de 2015 | Leída 4744 veces
¿POR QUÉ RESULTÓ INÚTIL LA DETENCIÓN DE LOS ABOGADOS DEL GRUPO ORELLANA?

Un análisis sobre la llamada "investigación preliminar"

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El 5 de mayo de este año, un complejo operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía, provocó la detención de siete abogados que fueron encausados como miembros de la organización Orellana, acaso la más importante en el tráfico de inmuebles en nuestro medio. El 15 de mayo, después de la audiencia de apelación de la detención, los detenidos fueron liberados en base a un fallo que ha sido amplia pero confusamente discutido en nuestro medio.

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El fallo, en la versión que ha trascendido, sostenía que la Fiscalía equivocó el procedimiento que debía seguir para preparar el caso. La Sala consideró que la fiscalía no debió usar la Ley 27379 del año 2000, que autoriza ordenar la detención de sospechosos por 15 días antes que un caso sea propuesto a las autoridades judiciales. La Sala estimó que el caso debió haberse organizado bajo los términos del Código del 2004 en los que la detención tiene un plazo de 24 horas prorrogables a 7 días antes de decidir si es ratificada o no. La Ley 27379 del año 2000 fue creada para resolver un problema generado por el Código de 1940, que no permite adoptar medidas antes del inicio del procedimiento de instrucción.

 

 

En la práctica, el Código de 2004 ha reproducido el mismo problema debido a que no tiene un procedimiento que permita adoptar medidas durante la llamada “investigación preliminar”.  Pero en cualquier caso la cuestión sobre la vigencia de la Ley 27379 del año 2000 no es asunto que puedan determinar la subsistencia o no de medidas de detención ya impuestas en contra de personas investigadas, siempre que su necesidad y proporcionalidad estén suficientemente justificadas.

 

 

Contra lo que usualmente pensamos, cuestiones como la selección de ley o incluso la competencia del Juez no conducen necesariamente a la anulación de las medidas ya adoptadas si es necesario, razonable y útil mantenerlas. En un caso tan grave como el caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que los procedimientos militares no podían usarse contra civiles acusados por terrorismo, y sin embargó conservó en sus consecuencias todas las medidas de detención impuestas por las autoridades militares en contra de los acusados, sin anularlas.

 

 

La Corte declaró que en casos de este tipo el Estado debía resolver la manera de adecuar los procedimientos seguidos a los estándares fijados por la Convención Americana en el más breve plazo. Siguiendo esta pauta, en el caso 5000 ciudadanos contra la legislación antiterrorista de 1992, el Tribunal Constitucional anuló todos los procedimientos seguidos contra civiles por tribunales militares, pero ni el Tribunal ni las leyes de desarrollo que siguieron a esta Sentencia pretendieron que la anulación de los procedimientos debiera provocar de manera automática el levantamiento de las restricciones a la libertad impuestas a los condenados bajo las leyes impugnadas.

 

 

Hace bastante tiempo, entonces, que cuestiones como la relacionada a los alcances de la Ley 27379 están lejos de justificar consecuencias automáticas sobre la conservación de medidas tan urgentes y necesarias como las detenciones. Las cautelas adoptadas en casos concretos deben conservarse por encima de cualquier discusión sobre formas, aunque eventualmente éstas puedan justificar que el procedimiento se reorganice en determinados plazos y condiciones.

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4 Comentarios
Maria s. Gonzales Guerra.
Fecha: Viernes, 12 de junio de 2015 a las 17:19
efectivamente en el caso en comentario se ha cometido un exceso, en cuanto a los detenidos, sin contar con pruebas suficientes, con supuestos indicios se ha maltratado a profesionales, cuando la detención solo debe darse en casos extremos...
Jorge
Fecha: Viernes, 12 de junio de 2015 a las 12:38
Edgar, tienes razon respecto a ese principio pero debes tener en cuenta que no es obligatorio la aplicacion de ese principio. Mas que todo es una facultad que tiene el juez o la autoridad judicial de manera etica y en pocas palabras si quiere lo aplica o caso contrario no lo aplica sin obligatorierdad. Depende de cada juez en aplicar este principio de manera personal, te doy un dato son muy pocos los que aplican este principio. saludos
HECTOR CENTENO BUENDIA
Fecha: Jueves, 11 de junio de 2015 a las 03:55
Los procedimientos preliminares de la investigación para fundamentar una detención preliminar más allá de enredarnos en que o cual ley es la que debemos aplicar es sustentar los elementos de prueba que deben crear convicción preliminarmente para proceder a la detención de un ciudadano. En el caso del Dr. Robinson Gonzales esta no existió porque los negocios standard son atípicos. Es una zona gris entre la operación de lavado y conductas socialmente adecuadas o inocuas. Asesorar técnicamente y prestar servicios como abogado sin cooperar en actos ilícitos son atípicos. Ver: Ramon Raguez i Valles
Edgar
Fecha: Martes, 9 de junio de 2015 a las 12:53
Aún cuando el Fiscal se haya equivocado en la aplicación del Derecho, no justifica lo ordenado por el órgano jurisdiccional, ya que bajo el principio del iura novit curia, el Juez debe aplicarlo de oficio.

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