En el marco del día Internacional de la No violencia contra la mujer, se viene impulsando desde el Estado la campaña “no te calles”, con el objetivo de que los testigos de agresiones contribuyan, con sus denuncias, a reducir las tasas de feminicidio en el país.

Considero que el tema no solo debe pasar por alentar la denuncia, sino por mejorar el cómo se responde a ella. La violencia no nace en un instante, sino que responde a todo un espiral en su desarrollo. El agresor, por lo general, tiene antecedentes de venir maltratando a su víctima, y posiblemente esta no haya denunciado, o denunciando nunca haya encontrado medidas efectivas, pues, el sistema judicial no visibiliza respuestas inmediatas de protección hacia la persona afectada y tampoco reprime al agresor, fortaleciendo con esta pasividad los patrones de violencia, como pauta social tolerada aun por el propio sistema judicial.

Cuando una persona toma la decisión de denunciar a su agresor, tiene que pasar por esclarecer si la violencia que ha sufrido ha sido física o psicológica; ¿es que puede haber violencia física sin afectación psicológica? Se parte de una deformación, de asumir que el cuerpo está disociado de la psiquis, para luego ingresar al tortuoso camino de cómo probar esa agresión. La persona maltratada tiene que ir a la búsqueda de un médico legista que certifique la agresión y la magnitud de esta, con la limitante que no siempre se cuenta con dichos profesionales en todo el país.

En tanto sucede ello, ni siquiera por asomo aparece la posibilidad de detener al agresor. No es suficiente la mera indicación de su víctima, ni las lesiones que evidencien el maltrato. Aún más, las personas que han logrado probar la agresión, tampoco logran respuesta judicial alguna contra su agresor; salvo que tenga la buena suerte de que el maltrato se haga de público conocimiento, para que la indignación y el reproche social eviten la impunidad.

En nuestro país, los casos de violencia familiar cuando se judicializan terminan con sentencias declarativas, que “exhortan al cese de violencia por parte del agresor«.  Esa no es una respuesta idónea ni para la mujer maltratada ni para el agresor. 

Se debe partir por asumir de que no se trata de una respuesta legal, sino, de preferencia, una respuesta multisdisciplinaria, que aborde las causas de la violencia en la socialización del agresor y de la persona afectada con ella; por ejemplo, una persona que agrede, por tener problemas de alcholismo, drogadicción o mentales, requerirá con urgencia tratamiento médico más que una exhortación del juez para que cese la violencia.

En otras palabras, hay que preocuparnos por los agresores, pues, sino se aborda esta problemática, la violencia continuará replicándose en otras relaciones de pareja que a futuro puedan asumir.

No solo se trata de alentar la denuncia contra el maltrato, ni de crear conciencia social al respecto; se debe transformar el actual tratamiento a un escenario de respuestas idóneas y efectivas. Ese es el principal tema que se tiene que abordar, transformar el actual tratamiento que se da a los temas de violencia contra la mujer.

Urge un mensaje claro, que evite la impunidad del agresor; respuestas que contemplen, además, un tratamiento multidisciplinario, tanto para el agresor como para su entorno familiar, y de manera especial para la persona maltratada. 

Si no se parte por asumir de que el tratamiento que brinda el Estado no es el adecuado y que este ha fracasado, la sensibilización de la población a no callar y denunciar será inocua frente a las denuncias en casos de violencia contra la mujer. Se debe asumir medidas más enérgicas y rápidas, como posibilitar la detención preliminar del supuesto agresor, mientras se esclarezca su responsabilidad sobre los maltratos que se le atribuyen. En tanto, sigamos manteniendo el actual diseño, que privilegia una respuesta legal, meramente declarativa, poco o nada habremos avanzado a contrarrestar el ejercicio de la violencia contra la mujer.

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(*) Teresa Quezada Martinez es profesora del curso Derecho de Familia y Responsable de la Maestría en Derecho Familia de la Universidad de San Martin de Porres.