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Samuel Abad
Miércoles, 4 de mayo de 2016 | Leída 2167 veces
SOBRE LA ARBITRARIA SENTENCIA CONTRA EL PERIODISTA RAFO LEÓN

Cuando los jueces violan la libertad de expresión

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El autor señala que la jueza que sentenció al periodista Rafo León por presunta difamación en contra de Martha Meier Miró Quesada desconoció que las opiniones críticas también están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Por tanto, el criterio tomado para fallar en contra del periodista carece de real fundamento. Además, recuerda casos como el del comunicador Fernando Valencia, también sentenciado recientemente por el mismo delito.

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"(…) Estoy seguro de que las cabezas del diario hoy, lo que más quieren es zafarse de la prima insurrecta que tanto impacto negativo viene causando desde que tomó el cargo (…)". Esta y otras opiniones del ya famoso artículo "¿Qué hacemos con la primita", publicado en "Caretas" hace casi dos años, han motivado la condena del periodista Rafo León por difamación agravada de otra periodista: Marta Meier Miró Quesada.

 

Para la jueza penal, el artículo contiene elementos que "son abiertamente diatribas" que perjudican su honor, que pretenden "inutilizarla como profesional" y que no forman parte del ejercicio de la libertad de expresión. Agrega que León ha querido "descalificar", "despotricar" y tratar "que la expectoren". Al margen de los términos empleados, estamos ante una lamentable decisión que penaliza las opiniones efectuadas por un  periodista en legítimo ejercicio de su libertad de expresión. Veamos.

 

La historia de la libertad de expresión en el Perú ha tenido varias etapas tanto en dictaduras como en democracia. La censura gubernamental y deportación de periodistas, la "compra" directa o indirecta de medios de comunicación, el acoso y seguimiento a periodistas independientes, así como la instrumentalización y los abusos del Poder Judicial, son algunos ejemplos de lo sucedido. En pleno siglo XXI aún subsisten problemas. El caso del periodista Fernando Valencia por supuestamente haber difamado al expresidente García y, recientemente, el caso Rafo León demuestran que ciertos jueces no se toman "en serio" lo que significa vivir en una democracia tolerante y plural donde el discurso crítico es fundamental.

 

Disgustar no genera delito. Las opiniones vertidas en "¿Qué hacemos con la primita?", no deben haberle agradado a la Sra. Meier. Sin embargo, basta leerlas para darse cuenta de que no son ofensivas ni insultantes. Pese a ello, motivaron una condena. La jueza desconoce que hasta un discurso sumamente crítico y poco grato está protegido por la libertad de expresión.

 

Como recuerda un Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la libertad de expresión "debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto las que ofenden y chocan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática". Incluso, según la Sala Penal Permanente de nuestra Corte Suprema "las críticas, casuísticas o ataques incisivos y poco gratos (son) necesariamente tolerables para afianzar la libertas de opinión" (Exp.1372-2010-Amazonas, Considerando 39).

 

Por ello, no se explican -jurídicamente- las razones que motivaron esta sentencia. Lamentablemente, no es un caso aislado. Lo sucedido con el periodista Fernando Valencia es otro abuso judicial. Decisiones similares no pueden repetirse. De lo contrario, el periodismo tendrá que limitarse a transmitir noticias y opiniones acríticas, inofensivas, y absolutamente neutrales. Es decir, le diremos adiós a una democracia tolerante y plural. En la lucha por la vigencia de un régimen democrático un elemento esencial es la libertad de expresión. No podemos volver al pasado.

 

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(*) Samuel B. Abad Yupanqui es socio del Estudio Echecopar. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Diplomado en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de España, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor principal de la Facultad de Derecho y de la Maestría Constitucional de la PUCP.

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5 Comentarios
ROBERTO
Fecha: Sábado, 7 de mayo de 2016 a las 17:07
Deberían aumentar las penas en los delitos contra el honor, los periodistas hablan del derecho a la libertad de información que se vulnera su derecho; acaso el honor no es un derecho?. Lamentablemente existen periodistas de conocidos medios de comunicación que tergiversa la información y emiten opiniones sin ningún tipo de análisis científico o profesional de la materia, se dejan llevar por sus emociones y lo expresan hacia la población convirtiendo en dicha información como la correcta o verdadera, totalmente dictatorial, típico de los dictadores. Respaldo la toma de decisión de la jueza.
Hugo Chávez
Fecha: Viernes, 6 de mayo de 2016 a las 11:39
No es que la Juez se haya equivocado, lo hizo adrede. Lo que pasa es que en vez de pensar y obra como Juez justo e imparcial, se dejo llevar por lo interno de su persona, cual es pensar en la trascendencia de su decisión si no amparaba tremenda barbaridad (Miro Quezada es Miro Quezada). Por si acaso es una opinión, no vaya ser que me denuncien por difamación.
JAVIER
Fecha: Jueves, 5 de mayo de 2016 a las 18:42
Considero, que se deberia modificar y calificarlo como falta pero si poner una multa..el caso en comento es un abuso en tanto arbitrario por parte de la autoridad judicial, una critica ironica es pasible de una sancion penal? semejante burrada judicial.
Manuel Lucas
Fecha: Jueves, 5 de mayo de 2016 a las 08:45
Esto es el preambulo, de lo que se viene, cuando gobiernen los fujimoristas. Sí, usarán al poder judicial, como lo hicieron y además compraran a los medios. POBRE PÁIS
Fernando Mendoza
Fecha: Jueves, 5 de mayo de 2016 a las 07:16
Entonces el derecho al honor ya no debe existir? El honor es un bien no patrimonial invaluable, que mil rectificaciones ni el dinero lo pueden reparar, eso me enseñaron y creo que es verdad

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