A finales de mayo, la compañía norteamericana puso en circulación los formularios virtuales para que las personas pudieran llenarlas para poder ejercer su ‘derecho al olvido’ para que se borre información suya en la red. Y al aproximarse el cierre de las oficinas, la cantidad de las solicitudes alcanzaban las 20 por minuto.
Google informó que comenzará a borrar contenidos a mediados de junio, por lo que los formularios donde los usuarios indican los archivos que desean que se borren, no han dejado de recibirse. Los sitios web a los que se haya eliminado contenido llevarán una marca para que las personas que realizan la búsqueda lo sepan.
Y para lograr una eficiente labor, han estipulado en el formulario que los pedidos serán evaluados para comprobarse que, en efecto, los vínculos incluyen información que ya no tenga vigencia, así como si existe o no un interés público por dicha información.
Al igual que deben cerciorarse en buscar datos sobre fraudes financieros, mala práctica profesional, condenas criminales o la conducta pública de funcionarios gubernamentales al momento de decidir si se aprueba o no la solicitud.
Dicho filtro deberá ser lo más riguroso posible, ya que la decisión de la Unión Europea fue bastante clara, pues indicaba el retiro de los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y han dejado de ser pertinentes.
Es por ello que tanto Google, como las demás empresas del rubro deberán interpretar los criterios del tribunal europeo con respecto a la información “inadecuada, irrelevante o dejó de ser irrelevante”, así como desarrollar un criterio para distinguir entre los personajes públicos y privados.