Pese a que un informe preliminar de la Comisión Lava Jato referido a la Línea 1 del Metro de Lima señalaba que el expresidente Alan García habría incurrido en infracción de la Constitución y de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, el exmandatario fue excluído de alguna acusación al respecto.

De acuerdo a la información presentada este domingo en Cuarto Poder, el referido informe daba detalle que, antes de finalizar su segundo periodo presidencial, García Pérez quiso sacar adelante la obra a ‘como de lugar’, emitieron decretos de urgencia y provocando un sobrecosto a favor de la constructora Odebrecht.

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De esta manera, de acuerdo al texto, el expresidente habría infringido el artículo 118 de la Carta Magna, el cual se refiere al cumplimiento de los tratados y leyes por parte del presidente. También se considera su infrancción de los artículos 6° y 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, referidos a la probidad y neutralidad que debe tener un funcionario.

Además, también se indica que el expresidente pudo haber enfrentado otras pesquisas a nivel penal por los delitos de negociación incompatible  o aprovechamiento indebido del cargo, aunque se precisa que al momento de la elaboración del informe dichos delitos ya habían prescrito.

Sin embargo, cuando el documento fue sometido al debate entre los miembros de la Comisión Lava Jato, la acusación contra García Pérez no figuraba entre sus conclusiones, en donde sí figuraban los nombres del exministro Enrique Cornejo, el exviceministro Jorge Cuba y al ex funcionario Edwin Luyo, todos ellos con la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.

Víctor García Belaunde, uno de los integrantes de la referida comisión, detalló que fueron los votos de Fuerza Popular y del Apra los que determinaron la exclusión del expresidente del informe. Posteriormente, en otra sesión, en el informe final de la Comisión Lava Jato referida a la Línea 1 del metro de Lima, solo se logró atribuirle al exmandatario las presuntas infracciones constitucionales, mas no los supuestos delitos.

Por su parte, Erasmo Reyna, abogado de Alan García, remarcó que la implicancia del expresidente en el proceso de adjudicación del proyecto fue en el marco de sus competencias y “no hay nada ilícito”: “La expedición del decreto de urgencia y las visitas a Palacio de Gobierno ya son materia de una investigación por tráfico de influencias en el Ministerio Público. Las referencias de los testigos que han declarado corroboran una actuación lícita y legal por parte de ex presidente”.