Se puede concluir razonablemente que existen razones plausibles para considerar que el investigado Edwin Oviedo Picchotito ha cometido los graves delitos que se le atribuyen, los mismos que aparecen sancionados con penas superiores a los cuatro años de privativa de la libertad.

Asimismo, los elementos de convicción dan cuenta que existe fuerte posibilidad de fuga y obstaculizar la acción de la justicia por parte del investigado, pues tiene «solvencia económica en tanto empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol».

Y, además, que sería miembro de una organización criminal, por lo que debe repararse en las circunstancias «de que el investigado Oviedo Picchotito habría cometido los delitos que se le atribuyen con la clara finalidad de obstaculizar la acción de la justicia en un proceso penal denominado Los Wuachiturros de Tumán, que se tramita en la ciudad de Chiclayo; situación que es posible pueda repertirla en esta investigación preliminar en curso».

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De esta manera el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios fundamentó su decisión de declarar fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar judicial contra Edwin Oviedo Picchotito por el término de diez días, en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Dicha medida también recayó sobre otros cuatro investigados: José Carlos Isla Montaño, Roly Capcha Requena. Alberto Carlo Chang Romero y Javier Prieto Balbuena.  

Igualmente, la Sala declaró fundado el pedido de allanamiento, registro domiciliario con descerraje de siete inmuebles de propiedad o administrados por los investigados; entre los que destaca el inmueble de la Federación Peruana de Fútbol, conocido como la Villa Deportiva Nacional (Videna). 
 

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