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Lecaros anuncia la creación del subsistema de extinción de dominio

Lecaros anuncia la creación del subsistema de extinción de dominio

El presidente del Poder Judicial anunció la creación de 3 salas y 21 juzgados especializados transitorios en extinción de dominio a nivel nacional. Estos órganos jurisdiccionales entrarán en funcionamiento desde mediados de mayo.

Por Redacción Laley.pe

lunes 1 de abril 2019

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El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, anunció la creación de tres salas y veintiún juzgados especializados transitorios en extinción de dominio a nivel nacional. Con esto, se espera atender los casos que derivan de los procesos por criminalidad organizada, corrupción y otros delitos.   

Estos órganos jurisdiccionales, que empezarán a funcionar desde mediados de mayo, conformarán el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, el cual tendrá como coordinador a un juez superior (por ser designado) que diseñará, implementará, monitoreará y evaluará su funcionamiento. 

Los distritos judiciales donde se encontrarán estos juzgados serán: Amazonas, Tumbes, Santa, Cusco, Áncash, Apurímac, La Libertad, Ucayali, Puno, Arequipa, Madre de Dios y Lambayeque, Junín, Ayacucho, Tacna, Piura, San Martín, Callao y Lima Este. Estos juzgados empezarán sus funciones el 10 de mayo.

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Respecto de las tres salas de apelaciones transitorias, que funcionarán desde el 16 de mayo próximo, se tendrá una en la Corte de La Libertad, que tendrá competencia también sobre los distritos judiciales de Tumbes, Piura, Sullana, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Santa, Áncash y Loreto. 

Otra sala estará ubicada en Arequipa, la cual extenderá su jurisdicción a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios y Apurímac.    

La tercera sala tendrá su sede en Lima y abarcará los distritos judiciales de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Callao, Ventanilla, Huaura, Cañete, Ica, Junín, Selva Central, Pasco, Huánuco, San Martín, Ayacucho, Huancavelica y Ucayali. 

Cabe señalar que la extinción de dominio es un mecanismo de política criminal, independiente y autónomo de un proceso penal, por el cual el Estado asume la titularidad de bienes y fortunas obtenidas como producto de actividades ilícitas. 

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