En casos complejos y de crimen organizado, el plazo no puede constituir un obstáculo para realizar la investigación correspondiente tendiente a determinar la verdad material de los hechos. Por ello, atendiendo a la finalidad de la averiguación de la verdad, se considera que resulta atendible la solicitud de la Fiscalía de incrementar el término de la prisión preventiva contra Susana Villarán.

Y, teniendo en cuenta que a la fecha se tiene avanzada la investigación preparatoria, un plazo proporcional y razonable para la realización de las diligencias pendientes de actuar, incluidas la etapa intermedia y la de juicio oral, es de 24 meses.

Así fundamentó la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios su resolución por la cual declaró fundada en parte el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y dispuso ampliar de de 18 a 24 meses la prisión preventiva que pesa sobre la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez y el exsecretario de Economía de Diálogo Vecinal Luis Gómez-Cornejo Rotalde.

Como se recuerda, Villarán y Castro enfrentan investigación preparatoria por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos; mientras que Gómez-Cornejo es investigado por asociación ilícita y lavado de activos.

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En  su fallo, la Sala señaló que ha podido apreciar diversos aspectos de la investigación que muestran su complejidad. Uno de ellos es que se hayan acumulado tres carpetas fiscales, «lo cual demuestra que la magnitud y la complejidad de este caso se han elevado, pues ya no se investigan solamente hechos relacionados con el No a la revocatoria de Susana Villarán sino que ahora los hechos se circunscriben también a otras presuntas conductas criminales».

Igualmente, el Colegiado refirió que otro aspecto que tomó en cuenta en este caso es que se está ante un gran número de imputados, «lo cual constituye un gran indicador de las dificultades que pueden surgir para la toma o ampliaciones de sus declaraciones y las investigaciones que se puedan generar de las mismas». Del mismo modo, la Sala justificó la complejidad del proceso en el hecho que «existe una pericia contable pendiente de actuarse, para lo cual debe ser recabada información que obra bajo custodia de personas que se encuentran en el extranjero».

Por otro lado, la Sala sostuvo que «otro criterio a tomar en cuenta para determinar el plazo de la prisión preventiva es que la restricción de la libertad de los procesados se ajuste a la necesidad de asegurar su comparencencia a las diligencias procesales para dar cumplimiento a la probable sentencia. Con base a ello, a criterio de esta Sala, en este caso dada la complejidad de la investigación y de las diversas diligencias pendientes de actuar, se justifica un plazo que involucre todas estas actuaciones».

Por estas razones, el colegiado declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica de Susana Villarán y otros (que solicitaban se varíe la prisión preventiva a detención domiciliaria); y declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Superprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (que solicitaba que se amplíe hasta 36 meses la prisión preventiva).

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