Se ha implementado como Plan Piloto en el Segundo Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la atención vía telefónica en el horario de 8:15 a 9:30 horas y de 16:15 a 17:00 horas, a personas con discapacidad, de edad avanzada y en grave estado de salud.

Además, se prevé que podrá ampliarse dicha medida a otros sectores de la población vulnerable a las que hace referencia las 100 Reglas de Brasilia.

Así lo dispone la Resolución Administrativa N° 219-2019-CE-PJ, publicada el jueves 27 de junio de 2019 en el diario oficial El Peruano.

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En los considerandos de la norma se detalla que en enero de 2018 se aprobó el “Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad”, en el cual se estableció que era imperativo atender la necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de políticas públicas destinadas a revalorar a las personas con discapacidad en el sistema de administración de justicia.

Por tal motivo, en el numeral 16) del ítem 3.2 del referido documento, se indicó que es necesario implementar múltiples canales de comunicación (telefonía, internet, otros) para consultas y atenciones a personas con discapacidad.

En ese contexto, Kelly Cuevas Payano, jueza del Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, remitió al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial su propuesta para atender vía telefónica a las personas con discapacidad, mayoría de edad y grave estado de salud.

Para tal fin, la magistrada Cuevas Payano solicitó la ampliación de quince minutos en los horarios establecidos para la atención de los justiciables, argumentando que el referido órgano jurisdiccional tiene más de 2,913 expedientes, de los cuales más del 30% de los procesos son demandas seguidas por personas que superan los 65 años de edad; y, en algunos casos, los 90 años, quienes por su avanzada edad presentan problemas de salud y de desplazamiento. 

Finalmente, se establece que deberá implementarse en dicho órgano jurisdiccional un registro de atención de llamadas, asegurando la identificación del solicitante. Asimismo, se señala que, considerando la importancia de esta medida, podrá ser replicada en otras cortes superiores, debiendo para ello llevar un control y registro de las llamadas telefónicas, en atención a los principios de legalidad y transparencia.

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