El Instituto de Defensa Legal (IDL) presentó una demanda de amparo con el fin de suspender el proceso de convocatoria a elecciones de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y que se anulen todos los actos parlamentarios adoptados en dicho proceso.

En la demanda, dirigida contra el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se afirma que el procedimiento de elección se lleva a cabo «sin contar con los mecanismos de publicidad y transparencia que permitan asegurar la independencia, idoneidad y legitimidad de los candidatos». 

Además, en el escrito que fue ingresado el lunes 23 de setiembre en la mesa de partes de la sede judicial de Alzamora Valdéz, el IDL asevera que se han vulnerado dos derechos fundamentales: «el derecho de acceso a la justicia, en sus posiciones relativas al derecho a que los mecanismos de elección de magistrados sea públicos y transparentes y a la apariencia de independencia de los magistrados», y el derecho a la participación ciudadana en la selección y nombramiento de magistrados.

En declaraciones a la prensa, Carlos Rivera, abogado de IDL, señaló que esperan que el juzgado constitucional que se avoque a la causa «tenga la disposición de tomar en consideración las graves irregularidades de las que hemos dado cuenta en este documento y tome la decisión de ordenar y disponer la suspensión de ese proceso por considerar que hay graves afectaciones a derechos y estándares fundamentales de elección».

Igualmente, señaló que se ha planteado una medida cautelar a fin de que se suspenda el proceso de selección hasta que se resuelva el fondo de la controversia.