Después de que Mercedes Araóz, la presidente interina designada por el Congreso, señalara en su discurso de investidura que recurrirá a la OEA para alcanzar el diálogo y la reconciliación del país, la Secretaría General de dicho organismo supranacional ha emitido un comunicado en el que afirma que es el pueblo peruano el que debe decidir en las urnas la grave poralización política que atraviesa el país. 

Asimismo, dicha secretaría general, a cargo del abogado y diplomático uruguayo Luis Almagro, ha referido que es positivo que las elecciones al nuevo Parlamento, convocadas por el presidente Martín Vizcarra, hayan sido llamadas «conforme a los plazos constitucionales».

En el comunicado sobre la situación en el Perú, emitido este martes 1 de octubre, se señala que «compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo».

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Igualmente, refiere que «Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas».

Del mismo modo, la Secretaría General de la OEA también refirió que es deseable «que las partes realicen gestos que propicien la calma ante la crisis. Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura».

Por último, señaló que se mantiene a la disposición de los actores políticos peruanos en caso decidan requerir apoyo para soluciones acorde al Estado de derecho y el orden constitucional del país.

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