La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación que presentó la defensa de Luciana León, integrante de la Comisión Permanente, contra la orden de allanamiento e incautación de bienes que la Fiscalía ejecutó en su departamento, su oficina congresal y otros inmuebles, como parte de las investigaciones del caso ‘Los Intocables Ediles’.

León es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. Tras evaluar testimonios de colaboradores y escuchas telefónicas, la Fiscalía planteó como hipótesis que la excongresista habría recibido pagos de cupos a través de su asesora, Betsy Mattos Franco, de parte de dicha organización criminal que operaba en La Victoria y estaba encabezada por el exalcalde distrital Elías Cuba.

La diligencia fue autorizada por el magistrado Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras declarar fundado el requerimiento de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de allanamiento y registro domiciliario con descerraje con fines de incautación de documentos. Y se realizó en coordinación con el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, a cargo de la investigación.

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En ese contexto fue que León presentó un recurso de apelación, donde incluyó once pedidos que iban desde dejar sin efecto el levantamiento del secreto de las comunicaciones, hasta que no se use ningún bien ni documento incautado durante el allanamiento, realizado el pasado 22 de octubre.

La integrante de la Comisión Permanente solicitó que se deje sin efecto el “allanamiento y el registro domiciliario con orden descerraje” de los inmuebles allanados. Además, pidió al Poder Judicial que remita copias de todo lo actuado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público, con el objetivo de denunciar a todos los magistrados que intervinieron en lo que consideraba una “acción arbitraria e ilegal”.