Ana Estrada padece de polimiositis desde los 12 años. Esta es una enfermedad crónica que ha ido deteriorando progresivamente sus capacidades motoras y paralizándole casi todos los músculos del cuerpo. Hoy apenas puede moverse: permanece cuatro horas al día en una silla de ruedas; el resto, en cama.

Han pasado 30 años desde que le diagnosticaron esta condición. Tiempo en el que pudo estudiar psicología y trabajar, hasta que la polimiositis le quitó toda agencia. Desde hace algunos meses, se ha convertido en activista de su propia causa, y desde su blog titulado “Ana busca la muerte digna”, escribe sobre la necesidad de crear consciencia respecto a su demanda: que el Estado peruano le reconozca su derecho a la muerte en condiciones dignas.

Es por eso el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se reunió con ella. En entrevista con RPP, explicó que la Defensoría del Pueblo, en su rol de garante y promotor de los derechos fundamentales, asumirá su caso ante los tribunales nacionales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida.

La solicitud de Ana Estrada no tiene precedentes en el país. Es la primera vez que se pide al Estado peruano que se respete la voluntad de quien decide el momento en el que pondrá fin a su vida, por una enfermedad irreversible que le genera graves sufrimientos y otras secuelas. Se trata de una situación en la que, ante ciertas condiciones, como en este caso, se afecta gravemente su dignidad humana.

“Ella quiere marcar un camino; y por eso, la Defensoría del Pueblo va a presentar un amparo para que a ella se le pueda reconocer este derecho a la muerte digna”, afirmó Gutiérrez.

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El defensor del Pueblo explicó que en el Perú no hay un marco normativo que permita al Estado garantizar el acceso al derecho a la muerte en condiciones dignas frente a casos como el de Estrada. En ese sentido, mencionó que el Código Penal sanciona como delito el homicidio piadoso, que supone el acto de “matar, por piedad, a un enfermo incurable que solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores”.

Pero también precisó que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido derechos fundamentales íntimamente vinculados con esta demanda; entre ellos, el derecho a la dignidad, a la integridad, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad.

Y agregó que hay tratados internacionales que establecen obligaciones al Estado peruano de respetar, proteger y garantizar estos derechos, así como de regular el de no ser sometido a tortura ni sufrir tratos crueles e inhumanos.

“Cada persona tiene el derecho a decidir, si tiene una enfermedad grave, degenerativa, irreversible, hasta qué momento desea morir. Estos tres derechos, la autonomía de la voluntad, el derecho a no ser sometido a tratos crueles y la dignidad de la persona, compaginados, para la Defensoría del Pueblo forman parte de lo que se denomina la muerte digna”, puntualizó Gutiérrez.