La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, responsabilizó a los migrantes de Venezuela por el aumento en la tasa de desempleo entre los jóvenes peruanos. Según indicó en entrevista con Canal N, entre septiembre y noviembre, el INEI reportó que el desempleo entre la población de 14 a 24 años aumentó 9.6%. Es decir, 86 mil personas entre este rango de edad están desocupadas.

La ministra explicó que esta reducción de la población ocupada se debe a dos factores. De acuerdo con ella, un tercio de estos jóvenes ha optado por estudiar y se ha matriculado en un centro de estudios, por lo que no pueden trabajar.

“El segundo factor, y no podemos negar esta evidencia, es el ingreso de migrantes de Venezuela a nuestra economía, que están pugnando por colocarse en puestos laborales y desplazando a los nacionales”, señaló la ministra. Y precisó que los empleadores se aprovechan del estado de necesidad de los migrantes venezolanos y generan un escenario de discriminación salarial.

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“La inspección de trabajo verifica si la persona que presta un servicio reúne el perfil necesario para ofrecerlo; y si viene un trabajador, independientemente de su nacionalidad, a decir que ha sido desplazado por una razón discriminatoria que se plasma en menores pagos, la inspección debe actuar porque se está constituyendo un acto de discriminación”, acotó.

Cáceres, además, indicó que en el año la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), organismo adscrito a este ministerio, ha desarrollado mil operativos para detectar estos actos de discriminación salarial. No obstante, añadió, aún no hay sanciones, pues el proceso tarda un año.

“Los procedimientos que acompañan a estas inspecciones normalmente tardan un año. La acción inspectiva tarda 30 días, pero el empleador tiene el derecho de discutir y contradecir una resolución”, puntualizó.

Agregó que la sanción solo constituye una multa; y que, si el trabajador afectado solicita un resarcimiento, debe acudir a la vía judicial.