La constructora Graña y Montero ha presentado una solicitud de arbitraje contra el Estado Peruano ante la secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

Según informó El Comercio, fuentes de Graña y Montero indicaron que la compañía todavía está a la espera de que la secretaría general del Ciadi confirme si registrará la solicitud, para poder empezar el proceso de arbitraje.

El consorcio Gasoducto Sur Peruano estaba integrado por Odebrecht (con 55%), la española Enagás (25%) y Graña y Montero (20%). Recientemente, la consorciada brasileña aceptó el pago de sobornos para adjudicarse el proyecto.

La situación surge a raíz de que, el 24 de enero del 2017, el Ministerio de Energía y Minas dio por concluido el contrato de concesión del proyecto alegando que el concesionario no había podido acreditar “el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”. Sin embargo, el consorcio ya había realizado parte de la inversión total acordada, que ascendía a más de US$7000 millones.

Por ello, en julio de este año, Enagás —acogiéndose a los tratados bilaterales de protección de inversiones— inició un primer arbitraje contra el Perú para recuperar ese dinero. Adujo no haber podido llegar a un “arreglo amistoso” sobre la controversia con el Estado. El monto inicial reclamado por la empresa española, de US$500 millones, aumentó un mes después a US$1980 millones.

Cabe indicar que el Ciadi, como centro de arbitraje internacional del Banco Mundial, se encarga de resolver controversias relativas a inversiones entre Estados e inversionistas internacionales. También está disponible para disputas entre Estados sobre tratados de inversión y de libre comercio.