El juez Víctor Zúñiga Urday, de la Corte Superior de Justicia Especializada en delitos de Crimen Organizado, autorizó la medida de allanamiento y descerraje del local de la Universidad Alas Peruanas, institución vinculada con Joaquín Ramírez Gamarra, exsecretario general de Fuerza Popular, quien empezó a ser investigado por lavado de activos durante la campaña de Keiko Fujimori en el 2016.

El local en cuestión corresponde a la persona jurídica Universidad Alas Peruanas Sociedad Anónima Cerrada y se encuentra ubicado en el distrito de Jesús María. Según la disposición judicial, la medida fue solicitada por el fiscal adjunto Jorge Mauro García Juárez y admite también la incautación de información, documentación u otros objetos de interés para la investigación.

“Declarar fundada la medida restrictiva de incautación de información, documentación u otros objetos de interés en la investigación respecto del bien inmueble solicitado por Jorge Mauro García Juárez, fiscal adjunto provincial titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos – Segundo Despacho”, se lee en el documento judicial.

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También se autorizó judicialmente el allanamiento, descerraje e incautación de “información, USB, memorias externas, libros contables y otros objetos del delito”. El juez Zúñiga Urday dispuso, además, el apoyo policial en la diligencia que tendrá una duración máxima de 24 horas. Asimismo, informó al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) sobre los bienes incautados para su administración.

Fuentes de la Universidad Alas Peruanas señalaron a El Comercio que en el local allanado funciona el área de “cultura y talento”. Según indicaron, se trata de un inmueble que la familia Ramírez alquila a la casa de estudios.

Esta acción es parte de la investigación que se le sigue al exsecretario general de Fuerza Popular al existir indicios del traslado de dinero de los fondos de la Universidad Alas Peruanas a las cuentas de este partido político para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016.

Según la tesis fiscal, la universidad sería parte de un presunto esquema de lavado de activos, en el que también se encuentra Keiko Fujimori, en calidad de investigada. De acuerdo con el Ministerio Público, también se habría usado a la institución, propiedad de la familia Ramírez, para crear empresas y convertirse en sus proveedores.

El caso está a cargo del fiscal especializado en lavado de activos, Wilson Salazar Reque, e inició con una denuncia formulada por accionistas y exdirectivos de la Cooperativa Alas Peruanas, de propiedad de la casa de estudios. Según los denunciantes, dinero de la fue derivado indebidamente a cuentas de las empresas de Joaquín Ramírez, quien, a su vez, destinó un monto a la campaña de Keiko Fujimori.

Por otro lado, la defensa técnica de Joaquín Ramírez había presentado un recurso para que concluya la investigación preliminar. El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de US$2 millones. Uno de estos predios fue utilizado como local de campaña de Keiko Fujimori.