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Luciana León se allana al pedido fiscal de impedimento de salida del país

Luciana León se allana al pedido fiscal de impedimento de salida del país

La integrante de la Comisión Permanente es investigada por sus presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’. Esta tarde, el juez Hugo Núñez Julca evaluó el requerimiento del Ministerio Público y anunció que dará a conocer su decisión en el plazo de la ley.

Por Redacción Laley.pe

jueves 30 de enero 2020

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Actualización 31/01

La defensa legal de Luciana León, Bryan Kabsther, anunció esta tarde que se allana al pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses, que hizo la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, tras incorporar a la excongresista como presunta integrante de la red criminal ‘Los Intocables Ediles’.

La Fiscalía investiga a León por presuntamente ser el ‘brazo político-legal’ de la organización, acusada de sobrevalorar obras y servicios públicos en el distrito de La Victoria para obtener ingresos ilícitos. Aprovechando su cargo de congresista, la exvocera del Partido Aprista habría gestionado proyectos a favor de ese municipio ante al menos cuatro ministerios, y recibido pagos de hasta S/20 mil mensuales por ello.

Hoy, durante dos horas, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca evaluó la solicitud del Ministerio Público y anunció que dará a conocer su decisión en el plazo de ley.

Mientras el fiscal Ramiro Gonzáles Rodríguez sustentó la medida restrictiva contra la integrante de la Comisión Permanente, su abogado rechazó las imputaciones. Sin embargo, dijo que están colaborando con las pesquisas “para la averiguación de la verdad”.

Nota original 30/01

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó al Poder Judicial la medida restrictiva de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses contra Luciana León Romero, quien se encuentra en calidad de investigada por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal en agravio del Estado.

El requerimiento, que fue recibido la tarde de ayer por mesa de partes del Poder Judicial, será evaluado por el juez supremo de Investigación Preparatoria Hugo Núñez Julca este viernes al mediodía. La medida de restricción se sustenta en que “la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la prerrogativa de antejuicio político que gozan los altos funcionarios no impide la aplicación de medidas limitativas que restrinjan sus derechos”.

El Ministerio Público sindica a León –actualmente con licencia suspendida en el Partido Aprista– como presunta integrante de la red criminal ‘Los Intocables Ediles’, encabezada por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba. Según la tesis fiscal, la aún miembro de la Comisión Permanente habría sido el “brazo político-legal” de esta organización. Por sus gestiones, habría recibido entre S/15 mil y S/20 mil al mes.

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De acuerdo con Ávalos, las investigaciones preliminares han generado “nuevos elementos de convicción que evidencian la presunta comisión de delitos [contra la administración pública] atribuidos” a León Romero “en el ejercicio de su función”.

En la disposición de la Fiscalía, se señala que la exvocera de la bancada aprista habría hecho gestiones en al menos cuatro ministerios a favor de esta organización criminal. En específico, se citan bajo sospecha dos licitaciones públicas de la Municipalidad de La Victoria.

La primera corresponde a obras de “mejoramiento del entorno urbano del Jr. 03 de Febrero”, por casi S/6 millones. La segunda licitación está referida al “mejoramiento del entorno urbano del Jr. Hipólito Unanue”, que se ejecutó con el financiamiento del Ministerio de Transportes, por más de S/12 millones.

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Este último proyecto fue ganado por el consorcio Hipólito Unanue I, integrado por Fussa Group S.A.C. La gerencia general de esta empresa estuvo a cargo de Juan Peña, hermano de Alexander Peña, supuesto financista de ‘Los Intocables Ediles’.

También serán citados a declarar los exministros Carlos Bruce (Vivienda), Alfredo Thorne (Economía), Bruno Giuffra (Transportes) y Jorge Nieto (Defensa).

Además, dentro de sus considerandos, Ávalos decidió agregar “como nuevo hecho el denominado caso de los ‘trabajadores fantasmas’ […], entre ellos Ricardo Zeta Silva, Ana María Ayala Díaz y Albert Carranza Mosqueira”. La Fiscalía sostiene que, desde el 2017, “el dinero correspondiente a sus haberes era entregado a León en sobres chicos amarillos con logo del Congreso”.

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