La fiscal Bersabeth Revilla, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dispuso iniciar una investigación preliminar contra Tania Quispe Mansilla, exjefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), por “no ser diligente” en los casos contra la empresa brasileña Odebrecht.

Según el requerimiento fiscal, la indagación contra la también prima de la ex primera dama Nadine Heredia, tendrá un plazo de 60 días. En esta, se le imputa haber incumplido deberes funcionales al no ordenar fiscalizaciones o auditorías a la constructora brasileña.

En la investigación, también están incluidos los que resulten responsables por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la administración pública, peculado culposo en agravio del Estado.

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“Esta omisión habría facilitado las actividades de Odebrecht por falta de fiscalización de sus obligaciones tributarias y la fehaciencia de las transacciones comerciales efectuadas entre ellas”, precisa el documento.

El requerimiento señala, además, que se ha comprobado que las actividades de la constructora, cuyos exdirectivos ya aceptaron actos de corrupción en el Perú, se vieron facilitadas por la negligencia —presuntamente cómplice— de determinados funcionarios de la Sunat.

Por ello, Quispe Mansilla fue citada a dar su declaración ante la Fiscalía el próximo 10 de marzo desde las 9 a.m. Esta medida es la respuesta a la denuncia que se interpuso en su contra el pasado 5 de mayo de 2019. El Ministerio Público también citó al representante de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú para dar su declaración el próximo martes 25 de febrero.

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La Sunat informó que Odebrecht tiene una deuda con el Estado peruano de S/1,032 millones, que se ha ido cobrando por partes. A fines de noviembre de 2019, se cobró más de S/65 millones de este grupo empresarial.

En marzo del 2018, se promulgó la Ley N° 30737 para garantizar el pago de las deudas a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. La norma creó un “Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR)”, fondo que sirve para el pago de la reparación civil y de las deudas tributarias exigibles coactivamente, así como de las deudas tributarias que se originen por la venta de proyectos o empresas.