En esta ocasión, la sección Especial de la revista está abocada al estudio del delito de discriminación y su problemática actual. Así, va un análisis del profesor Iván Pedro Guevara Vásquez, quien diferencia los supuestos del delito de discriminación respecto a los delitos contra el honor y las infracciones administrativas, para lo cual brinda herramientas teóricas que ayuden a identificarlas y superarlas. Finalmente, se incluye un estudio descriptivo en torno a las modalidades típicas del delito de discriminación a cargo de Frank Valle Odar.

Litigio penal

En la sección de aplicación del Código Procesal Penal de 2004, atendiendo a la actual coyuntura política, se recoge una importante entrevista al magistrado Raúl Ernesto Martínez Huamán, quien responde a múltiples interrogantes acerca del delito de colusión, su configuración, naturaleza y probanza dentro del proceso penal.

Como jurisprudencia relevante del mes, se coloca la Casación N° 542-2017-Lambayeque, la cual desarrolla aspectos concernientes a las modalidades delictivas del delito de colusión, incidiendo en la autonomía de la forma simple y la agravada. Así también, se pronuncia respecto a que la cuantificación del perjuicio económico no constituye un requisito de tipicidad ni de la actividad probatoria misma.

Finalmente, se incluye el Protocolo Específico de Articulación, Trabajo y Coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, el cual se aboca a las actividades de coordinación entre estos dos actores durante todas las etapas del proceso penal: diligencias preliminares, investigación preparatoria y juzgamiento.

El delito de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre

En la sección de Derecho Penal, Manuel Alejandro Zapata Pérez analiza el delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, respecto al cual considera debe ser incorporado como un supuesto de criminalidad organizada. Así también, destaca el artículo de Alonso Peña Cabrera Freyre, quien a la luz del Acuerdo Plenario N° 7-2019/CIJ-116, analiza si el uso de viáticos puede configurar el delito de peculado y cuándo puede configurarse otro tipo de delitos o infracciones administrativas.

Por último, Jhover Meza Huamaní propone incorporar los programas de cumplimiento normativo al interior de las empresas, con el objetivo de prevenir y neutralizar la posible comisión del delito de lavado de activos, precisando que cada empresa debe ser analizada de manera particular a fin de que se establezca un programa adecuado.

La carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio

En la sección de Derecho Procesal Penal, destaca el artículo del profesor Sergio Jiménez Niño, quien analiza

Jurisprudencia relevante

En materia jurisprudencial, presentamos un extenso catálogo de sentencias consignadas a continuación:

• El Recurso de Nulidad N° 2631-2017-Lima Norte, en la cual se precisa que el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones paternales no constituye un atenuante privilegiado de la pena.
• La Casación N° 1131-2018-Puno, que establece que la eximente de obediencia debida se configura cuando existe una orden antijurídica revestida de formalidades legales que la doten de apariencia de licitud.
• El Recurso de Nulidad N° 2013-2017-Lima Este, el cual señala que quien se desiste de realizar el acceso carnal, pero ha tocado partes íntimas de la víctima, incurre en actos contra el pudor y no en tentativa de violación sexual.
• El Recurso de Nulidad N° 1844-2018-Lima Sur, que menciona que la demora en la denuncia de una presunta violación sexual no significa que dicha incriminación tenga móviles espurios o que los hechos no hubieran sucedido.
• La Casación N° 50-2017-Piura, que establece que desobedecer una orden judicial de pago no se subsume en el delito de desobediencia a la autoridad si las reglas presupuestales no permiten ejecutar dicha orden.
• La Casación N° 666-2018-Callao, la que aborda la imputación penal por el delito de peculado en estructuras estatales jerárquicamente organizadas, y se precisa que debe regirse por el principio de confianza y la división del trabajo.
• La Casación N° 303-2016-Ica, la cual precisa que si el nuevo juicio se dispuso como consecuencia de un recurso a favor del imputado, no podrá aplicarse una pena superior impuesta en el primero.
• La Casación N° 1640-2019-Nacional, que analiza la prisión preventiva, comentando que la requisitoria levantada de un proceso anterior no es antecedente concluyente para determinar que en un nuevo proceso penal existe peligro de fuga.

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