El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, afirmó que los colegios y universidades privadas no deberían exigir el pago de las pensiones durante abril y mayo, sino que estas se difieran para dentro de dos o tres meses, fraccionándose el pago en doce meses.

Detalló que así como el cobro de los servicios de luz y agua han sido postergados, lo mismo debería ocurrir con la educación, en la medida que también es un servicio publico básico. Así lo declaró en una reciente entrevista a Gestión. 

«Nosotros consideramos que el pago de las pensiones tanto de colegios como universidades no deberían cobrarse ni abril ni mayo. Y quizás junio, todo depende de como vaya la coyuntura», refirió.

Al consultársele si esa propuesta implicaba que los padres deberían ser exonerados de dicho pago, Gutiérrez Camacho precisó su propuesta de la siguiente manera: «Ese monto de dos o tres meses se debe dividir en 12 cuotas y cobrarse en 12 meses. ¿Esto por qué? Porque se trata de un servicio publico básico y además gran parte de las familias están sufriendo una crisis económica difícil por la emergencia. Mas aún los colegios de cobro de pensiones bajas que están en las zonas marginales. Ahí están los hogares más afectados. Nosotros por eso planteamos que ese cobro se haga en doce meses».

Explicó que, debido a la pandemia, el contrato educativo celebrado durante el proceso de matrícula por los padres de familia con el colegio ha sufrido cambios esenciales. «Cuando usted celebró un contrato con el colegio, la base de ese contrato es que la educación era presencial, pero ahora el contexto es otro, es virtual. Por lo tanto, la base del contrato ha cambiado. Al cambiar el contrato tiene que cambiar también los términos de la prestación. A usted no le pueden imponer un modelo. Por eso, se tiene que flexibilizar ese pago tanto en universidades y colegios», enfatizó.

Por otro lado, detalló que, a fin de que los profesores no se vean perjudicados en sus remuneraciones, plantea que tanto las escuelas y las universidades privadas deban ser apoyadas por líneas de crédito blandas y avaladas por el Estado. «Créditos que el Estado tiene que avalar o que el Estado tiene que solventar a muy bajo costo para que los colegios y universidades lo pueden pagar en 2 o 3 años. No podemos permitir que los colegios quiebren. Si ellos están obligados a pagar sin que cobren, van a terminar quebrando. Es importante que estas medidas se combinen», remarcó.

Finalmente, detalló que la propuesta de la Defensoría del Pueblo la hará llegar en las próximas horas al Ejecutivo.