La conclusión de la cuarentena no es lo mismo que la conclusión de la pandemia. Esta continúa y sigue cobrando vidas y produciendo efectos no menores en distintos sectores de la economía (a nivel mundial y local) que al día de hoy no se han reactivado.

El relanzamiento de algunas actividades no es lo mismo que su inmediata recuperación. Los bajos niveles de atención, de aforo, de producción o de performance por la necesidad de mantener distanciamiento para evitar una mayor propagación de la COVID-19, pese a que traducen un plan de reactivación no relevan ni pueden revelar con certeza el momento en que se logrará llegar a un punto de equilibrio y luego, como es claro, resarcir las pérdidas por el confinamiento que hemos vivido. Con mayor razón, las expectativas de réditos, de alcanzar los mismos niveles precuarentena, de ocupación laboral similar a la de marzo, entre otras metas, exigirán más tiempo y más esfuerzo. Y, por supuesto, partimos de la idea (especulativa) de que no tendremos un rebrote o una mayor complicación de los casos de coronavirus.

Si este es el panorama dentro del cual se deben desarrollar las actividades económicas, una indispensable regla de oro es la de reducción de los costos de la operación, ya no solo mediante recortes laborales, compra de menor cantidad de insumos, menor inversión en publicidad por medios tradicionales, entre otros rubros, sino también, y sobre todo, de los gastos que se derivan de los contratos celebrados con proveedores o terceros en general por bienes o servicios que no reportaron los mismos resultados durante la época de aislamiento y que, claramente, tampoco aportarán los mismos beneficios en esta etapa de reactivación, si es que -además- la actividad ha sido autorizada (luego de toda la tramitología compleja y la poco celeridad en los procedimientos, amén de la redacción a veces poco clara de las normas que autorizan una determinada labor).

En otros términos, y no existiendo claridad sobre un tercer tramo de Reactiva o sobre otras medidas de salvataje precisas y ambiciosas por parte del gobierno que insuflen energía y medios a la reactivación, no podemos bajar la guardia y, por el contrario, debemos mantener una permanente atención y validar si los términos actuales de los compromisos asumidos contribuyen, en esta fase, a una verdadera política de relanzamiento y reinicio de las actividades de cada sector.

Ello abarca no solo contratos de financiamiento sino toda clase de acuerdos que puedan implicar el uso o explotación de bienes de diferente naturaleza, servicios que se presten en locales hoy en desuso o con un uso bastante menor al pre-covid, espacios que cada vez -gracias al teletrabajo- se requerirán en menores dimensiones o a menores costos, inclusive vehículos alquilados o en leasing, servicios de transporte y un largo etcétera, no solo cuando sea necesario disminuir los costos de un contrato que hoy no aporta lo mismo que antes sino también cuando mantener ese esquema resulta un costo hundido y se estrella contra una política de reactivación.

No se interprete que se promueve la idea de incumplir los acuerdos. Nada más importante que cumplir los compromisos, honrarlos y cerrar bien cada contrato. Sin embargo, en condiciones excepcionales y de crisis la palabra clave es “renegociación”.

La renegociación no solo implica respetar la palabra. También traduce el deseo de mantener una relación flexible, de cooperación, de complementación y, sobre todo, de adecuación a las circunstancias no previstas. Y además por obra de los mismos interesados. La eventual reducción de los beneficios durante un período que demande cada contrato se podrá traducir en una sucesiva fase de mayor provecho mutuo: un caso que calificaría de win to win.

Por ello, creo firmemente que la etapa de las tratativas para acomodar los contratos que requieran de cierta flexibilización no ha terminado, especialmente aquellos de larga duración que crean un vínculo no ocasional y que alguna vez se ha tratado de comparar con el lazo que nace de un matrimonio. Y, claro, si el matrimonio está en crisis, una forma de salvarlo es remover aquellos problemas que lo aquejan. Es algo similar lo que ocurre en los contratos de larga duración. Existe un compromiso distinto, una mayor dosis de involucramiento, un mejor escenario para “mirar” al otro y ver si se siente satisfecho con el contrato, o bien proponerle ajustes si del otro lado existe asimetría o efectos que no son los esperados.

La renegociación sancionada como derecho por escasas legislaciones no siempre termina bien dado que se plantea a veces como una suerte de látigo con el cual se inician los tratos para conducir a un contrato transitoriamente diferente. Y nótese que digo transitorio porque tampoco se trata de sacar provecho de una situación provisional para frustrar las expectativas que se espera de un acuerdo en condiciones normales.

La mejor negociación es aquella que se basa en el compromiso de buscar soluciones conjuntas de beneficio común, a corto, mediano y largo plazo. La buena fe en ella ayuda pero no basta. Es indispensable mirar el futuro con optimismo y sopesar las ventajas que el mismo contrato podrá aportar en un momento sucesivo para invertir en un reacomodo temporal de expectativas.

[*] Yuri Vega Mere es socio senior de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera.