El líder del partido Renovación Popular y candidato a la Presidencia de la República, Rafael López Aliaga, ha venido escalando en las encuestas de intención de voto cada semana. Sus pujantes campañas electorales dieron resultados positivos ubicándolo, cómodamente, en un triple empate por el segundo lugar en las encuestas después de Yonhy Lescano.

Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional, ha apostado por un candidato que viene causando polémica en todos los medios durante la actual campaña electoral. Situación que le ha valido para subir en las encuestas. Entre sus posturas más debatidas ha resaltado su tajante postura contra la legalización del aborto, la eutanasia y las políticas en la educación con enfoque de género, así como su propuesta de reducir el número de ministerios.

El bachiller en ingeniería industrial ha sabido amasar una gran fortuna con sus numerosas incursiones empresariales. Es así que, en la actualidad, es socio y/o accionista de cadenas hoteleras en el Cusco así como de la industria ferroviaria.

Sin embargo, fuera de toda su carrera empresarial y a un mes de los comicios nacionales del 11 de abril, cabe preguntarnos ¿qué políticas en el rubro judicial propone la plancha presidencial del partido celeste?

¿Reformas en las instituciones judiciales?

López Aliaga plantea la creación de mayores incentivos para hacer más vistoso el acceso a la carrera judicial. “Promoveremos el acceso de jóvenes profesionales a la carrera judicial luego de un año de formación especializada en la Academia de la Magistratura”, se lee en su plan de trabajo.

Cabe resaltar que, luego de dar lectura a este proyecto, también quedan dudas en cómo enfrentaría la gran demanda en el acceso a puestos de Jueces en tan poco tiempo. “Culminada dicha formación, asumirán el rol de jueces y fiscales por un período mínimo de tres años bajo la supervisión de magistrados con experiencia y probada solvencia moral y profesional, quienes ejercerán de tutores”, sostiene.

Ahora, respecto al funcionamiento institucional de los entes administradores de justicia, el ex Solidaridad Nacional, plantea, en su plan de gobierno, luchar contra la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, encontramos esta propuesta repetitiva, ya que la Junta Nacional de Justicia ya posee las competencias que el candidato celeste plantea otorgarle para la fiscalización de magistrados y fiscales.

Otra propuesta que ha llamado la atención de la plancha de Renovación Popular es la promoción de la vía arbitral, en defecto de la judicial, cuando el debate jurídico se situé con una carga procesal “excesiva” y la “cuantía sea superior a las 10 UIT”. Cabe resaltar que esta propuesta encontraría un mayor debate en las instituciones jurídicas, ya que estas se encuentran polarizadas en cuanto a la prevalencia de la vía arbitral sobre la judicial.

Eliminación de 9 ministerios del Estado

El candidato celeste ha repetido en numerosas entrevistas su intención de eliminar, aproximadamente, 9 ministerios del Ejecutivo. Propuesta que se encuentra redactada en su plan de gobierno.

“Reduciremos el número de ministerios existentes, tomando como preceptos para dicha reducción la ineficiencia, el sobredimensionamiento de la burocracia estatal y los abultados gastos corrientes, principalmente aquellos que se destinan a asesorías sin sustento técnico, ni beneficio real hacia los ciudadanos”, se lee en la hoja de ruta de Rafael.

Si bien no ha especificado cuáles Carteras de Estado quedarían relegadas, el empresario ha publicitado su intención de eliminar el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Cabe precisar que ha causado preocupación en la población su renuente intención de cerrar un ministerio con mucho énfasis en la actualidad, como lo es el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, la razón del candidato celeste sería que no vienen cumpliendo eficientemente sus funciones.

Código del Servicio Público

Continuando con el enfoque del servicio público que brindan los ministerios, Rafael López plantea la creación de un Código del Servicio Público. Esta nueva legislación tendría como finalidad promover el funcionamiento fluido de los servicios que brinda el Estado al ciudadano, según se detalla en el plan de gobierno celeste.

Así también, este código propondría sanciones contra los “malos servidores”. Fuera de estos datos, no se encuentra mayor detalle en la implementación de esta medida jurídica en un posible gobierno.

Usted puede revisar el plan de gobierno completo aquí: