Desde que se dio a conocer que la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República trabajaba en una propuesta de norma que, de ser aprobada, derogaría todas las leyes vigentes relacionadas con este sector población, como es el caso Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, muchas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de personas con discapacidad han mostrado su malestar y descontento ante la eventual aprobación de una dicha nueva ley.

La principal objeción que se interpone es que la comunidad de las personas con discapacidad no está participando en la elaboración de dicha ley, ni se están tomando en cuenta las opiniones que podrían verter sobre dicha ley mediante sus representantes, como sí sucedió en el caso de la actual Ley de la Persona con Discapacidad, promulgada en el 2012, en la cual si existió un verdadero proceso de consulta y una participación activa de los diversos colectivos de personas con discapacidad. De hecho, dicha ley fue producto de una iniciativa ciudadana que llegó al Congreso con cerca de 80.000 firmas y para cuya discusión y aprobación, se movilizaron organizaciones a nivel nacional.

Dicha consulta es incompatible con uno de los requerimientos técnicos para dotar de legitimidad a la propuesta legislativa exigida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, que Perú ratificó en diciembre de 2007.

Otra gran objeción es el impacto que el proyecto legislativo podría tener sobre el derecho a la capacidad jurídica plena de los discapacitados para tomar decisiones sobre su tratamiento de salud mental. Ello resulta más preocupante aún si se toma en cuenta que el Perú tiene una de las legislaciones civiles más avanzadas de Latinoamérica y del mundo, pues exige el consentimiento previo para cualquier tipo de tratamiento de salud mental y habilita a las personas con discapacidad a rechazar el tratamiento, por lo que la prescripción propuesta de que por motivos de necesidad terapéutica se podría proceder al internamiento no voluntario de una persona representaría un retroceso legal en cuanto a todo lo avanzado.

A su vez representaría un retroceso en cuanto a la implementación del nuevo modelo de tratamiento a las personas con discapacidad, el cual promueve el reconocimiento de su capacidad jurídica, la desestimación de la mirada paternalista y asistencialista con la que mayoritariamente se ha tratado a las personas con discapacidad. Mirada que volvería a implementarse con dicho proyecto de ley que ya ha sido aprobado en predictamen.

En función de dichas objeciones Frater Perú, Colectivo 21 Perú, Autismo Perú, ASOC De PCD Luchando Contra Viento y Marea, Sociedad Peruana de Síndrome Down y  la Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP), como asociaciones representantes de los intereses de las personas con discapacidad, presentaron una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial contra el Congreso de la República, la cual fue admitida a trámite por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.