El último sábado, en una marcha de apoyo a Keiko Fujimori, el excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, expresó que se debería dar «muerte» a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

«¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón y a Castillo! No puede pasar eso acá. ¿Perú va a ser Venezuela? ¿Perú va a ser Cuba? O peor aún, ¿Perú va ser Corea del Norte? ¡Sobre mi cadáver, señores!», fueron las palabras del líder de Renovación Popular.

Ante dichas declaraciones, el pasado sábado 8 de mayo, se presentó ante la Fiscalía Provincial Penal de Lima una denuncia en su contra por el presunto delito de amenaza de muerte e incitación al odio.

La denuncia ha causado controversia, suscitando la duda de si en realidad existe un delito de amenaza o un posible delito por instigación (artículo 24 del Código Penal).

El especialista en Derecho penal, Cristhian Cerna Ravines, al ser consultado por LaLey.pe, indicó que, en principio, nuestro Código Penal no ha tipificado el delito de amenaza de muerte, por lo que la denuncia no podría ser amparada por el Ministerio Público.

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Por otro lado, han existido pronunciamientos respecto a que lo dicho por López Aliaga podría constituir instigación al homicidio; sin embargo, el experto señala que para que ello se dé se requiere la indicación directa y específica sobre lo que ha de realizarse, lo cual causa en el agente la voluntad de realizar la acción. Las declaraciones emitidas tienen características generales, las cuales no pueden interpretarse como mandatos directos, ni mucho menos específicos. Por ende, al no presentarse una acción de tal especificidad para generar dicha voluntad, el discurso presentado por el excandidato no determinaría a una persona a cometer el delito.

Por último, aclara que las palabras utilizadas no son idóneas o efectivas para convencer a los asistentes o seguidores del excandidato a cometer un delito que atente contra la vida del actual candidato a la presidencia, Pedro Castillo, y del fundador y secretario del partido, Vladimir Cerrón. 

Ante dicho panorama, queda a la Fiscalía determinar si se archivará la denuncia, o se dispondrá el inicio de diligencias preliminares, precisó el especialista.