El día 3 de agosto, la presidenta de la Comisión de Integridad Judicial, jueza suprema titular Mariem De la Rosa Bedriñana, quien, además, es oficial de cumplimiento, anunció que el Poder Judicial consiguió la certificación del Sistema Gestión Antisoborno-Norma ISO 37001:2016 para su implementación en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; dentro de su discurso destacó que esta certificación es el resultado del esfuerzo de todos los colaboradores del Poder Judicial y constituye una responsabilidad que en adelante deberá ser cumplida.

Con este acto, queda demostrado que el cumplimiento normativo (compliance) ha llegado para marcar un hito de tendencia en cuanto a la modernización de los sistemas de prevención de riesgos, más aún cuando notamos que desde la entrada en vigencia de la Ley N° 30424 se ha instado la adopción de un criminal compliance para la empresa, siendo este suceso replicado en el sector público, ya que varias instituciones del estado han ido implementado su modelo de cumplimiento, dando pase así a la llegada del public compliance a nuestro país.

Pero, ¿cuán importante resulta para una empresa o una entidad estatal conseguir la certificación de su programa de cumplimiento normativo? ¿Es que acaso solo es un acto de marketing o promoción de gestión o más bien una señal de cultura de la legalidad y la ética en el desarrollo de sus actividades internas o externas? Por ello, resulta de interés hablar sobre los efectos y los beneficios jurídicos que conlleva el alcanzar la certificación del compliance, y aún más si es que se habla de una institución estatal de tal magnitud como lo es el Poder Judicial.

Si hablamos de la certificación de un modelo de cumplimiento normativo claramente hacemos alusión a la que se emite en el marco de las denominadas Normas internacionales ISO, las cuales están destinadas a orientar la gestión de actividades de una empresa en diferentes especialidades, revisten un carácter de adopción voluntario por parte de cada una de las empresas y entidades; sin embargo, con el transcurrir de los años, la importancia de su implementación se ha convertido en un sinónimo de reconocimiento, calidad y aceptación internacional de la proba actividad empresarial.

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En ese mismo contexto, en el año 2016 se emitió la Norma ISO 37001, la cual está enfocada en certificar la calidad y la efectivad de los sistemas de gestión antisoborno implementados en el compliance de la empresa, esta normativa internacional de estandarización fue diseñada para ayudar a las organizaciones a implementar medidas internas específicas que ayuden a prevenir, detectar, abordar y controlar los actos de soborno en cualquier área de la organización empresarial o sus actividades (ya sean comerciales o no).

Dicho de otro modo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial han obtenido el máximo estándar de confianza internacional por la gestión antisoborno contenida en su programa de cumplimiento normativo, convirtiéndose así en una entidad estatal capaz de prevenir y abordar inmediatamente cualquier caso de soborno que se puede presentar en el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales y ejecutivas de administración.

Los principales efectos de la certificación se deberán analizar desde aspectos internos y externos, así como también de aspectos públicos y jurídicos. Cuando hablemos de efectos internos podremos apreciar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha cumplido con asegurar que su política de gestión antisoborno obedezca los estándares de calidad y efectividad de elevado nivel, lo que se traduce en una administración diligente y ordenada de los casos judiciales y los actos administrativos que realiza; mientras que, cuando se hable de efectos externos y públicos, notaremos que la imagen a proyectar por la Sala y el Consejo estará enfocada en mostrar un mensaje de garantía y compromiso con los usuarios de mantener una política estricta de lucha contra la corrupción en cualquiera de los niveles de organización que puedan verse afectados por este indeseable mal.

Asimismo, entre los efectos jurídicos que genera el haber conseguido el ISO 37001:2016 se encuentra el valor de legitimación con el que cuenta ahora el programa de cumplimiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, lo cual no solo confirma su adecuada elaboración, implementación y el debido control, sino que también asegura su eficaz funcionamiento y cumplimiento del objetivo para el cual fue concebido, siendo esta la principal razón por la cual un programa tan especializado como el adoptado por el Poder Judicial no puede mostrar errores, ni ser una implementación defectuosa o ser solo un instrumento para librar de responsabilidad a algunos, mientras se enfoca todo en la figura del oficial de cumplimiento, solo para salvaguardar la imagen y el prestigio de la entidad ante la aparición de cualquier acto de corrupción cometido por los magistrados o los funcionarios ejecutivos; recordemos que la finalidad fundamentalmente de la implementación de un public compliance es lograr que el organismo público adopte medidas anticorrupción con el objetivo de prevenir toda clase comportamientos riesgosos que puedan alterar su desarrollo funcional, claro está, sin afectar su autonomía política.

Como se puede observar, son muchos los beneficios que aporta la certificación del Sistema Gestión Antisoborno-Norma ISO 37001:2016 implementado en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, no solo en lo referente a la gestión anticorrupción propuesta por el estado como política pública de erradicación de la misma, sino que demuestra el compromiso y la apuesta de los altos funcionarios con aspectos fundamentales como lo son la cultura de la legalidad, la ética funcionarial y la transparencia en el desarrollo de sus actividades; así mismo, queda reflejada la influencia que ha tenido el compliance, el criminal compliance y el public compliance como herramienta de prevención, al grado de considerar su uso como una moderna alternativa de mitigación y control de riesgos y delitos.

Roger Sneider Mercado Marín. Asociado del área Penal y especialista en Derecho Penal Económico y Cumplimiento Normativo del estudio jurídico Mejía, Céspedes & Villegas Abogados. Bachiller en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actual asesor académico de la Asociación de Derecho Penal y Criminología Ius Puniendi de la ciudad de Cajamarca.