José Luna Gálvez, Luis Aragon Carreño, Héctor Acuña y Lady Camones presentaron proyectos de ley que busca regular la controvertida facultad del ejecutivo. Así, buscan reformar el texto del artículo 133 de la Constitución.

Como recordamos, esta facultad constitucional que ostenta el Ejecutivo ha sido utilizada de forma recurrente en los últimos años. La última vez, tras la denegatoria de dos de ellas, se generó el cierre del Congreso. De igual modo, el último proyecto de ley presentado en la anterior legislatura no pudo obtener los 87 votos suficientes para la modificación en segunda legislatura.

¿Cuáles son las iniciativas?

El congresista de Acción Popular, Luis Aragon Carreño, propone reformar los artículos 132 y 133. Así, agrega en el texto constitucional que esta iniciativa legislativa es de competencia exclusiva del Congreso de la República, como la aprobación de reformas constitucionales, por lo tanto, no procederá la cuestión de confianza.

De igual forma, se agrega que esta solo tendrá efectos legales cuando el Congreso notifique la decisión al Ejecutivo, por lo que no se acepta presunciones.

En el caso de la iniciativa presentada por la bancada de Podemos Perú, a través del congresista José Luna Gálvez, agrega que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear cuestión de confianza previo acuerdo registrado en acta.

Además, dispone que no puede plantearse cuestión de confianza sobre procedimientos y funciones de competencia exclusiva del Congreso de la República, sobre iniciativas legislativas que no pueda observar, ni sobre propuestas de referéndum.

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La última iniciativa corresponde a los congresistas Héctor Acuña y Lady Camones de la bancada Avanza País. Propone que se interprete la cuestión de confianza sea planteada en materias de competencia del Poder Ejecutivo, no encontrándose entre ellas las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso.

Así, con estas iniciativas, se busca que el gobierno de Pedro Castillo no pueda interponer cuestión de confianza para la propuesta de reforma de la Carta Magna.

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