Luego del anuncio de la muerte del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, se inició un debate sobre el destino que tendrían sus restos y el vacío legal que se presentaba respecto a la potestad de decisión de la fiscalía o el juez.

Así, la Fiscal de la Nación presentó un proyecto de ley que busca zanjar el debate y poder colmar la ausencia de leyes respecto al destino de los cadáveres en casos de afectación al orden público.

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Vacío legal

La norma que regula la identificación, entrega, traslado, inhumación, exhumación, entre otros aspectos, es la Ley General de Salud. Sin embargo, la presente norma ha previsto solo los casos de cadáveres que pertenecen a personas no identificadas o no reclamados por familiares, los cuales podrán ser dedicados a los fines de investigación o estudio, decisión que compete a la autoridad administrativa si es que no hay investigación de por medio.

¿Qué propone la Fiscalía?

Se señala que el objetivo de la norma es establecer el marco normativo que faculte a jueces o fiscales la disposición de cadáveres, en casos donde se ponga en riesgo el orden y la seguridad pública.

En ese sentido, se propone la modificación del artículo 144 de la Ley General de Salud. Se agrega que los jueces o fiscales, según sea el caso, con una decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público.

De igual modo, la Fiscalía precisó que no se trataría de una ley que responde a un solo caso, sino que al ser un caso evidencia permite contemplar que existe una falta de regulación respecto a casos que pueden ser similares.

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Entonces, ¿qué pasará con los cuerpos de terroristas u otros criminales?

Con esta propuesta, se colmaría el vacío legal para casos diferentes a la no reclamación de cadáveres prevista en la normativa.

Por lo que los fiscales o jueces podrán decidir, con una debida motivación y analizando el caso en particular, el destino de los cadáveres de terroristas o criminales que pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público.

Por último, si el Congreso aprueba el presente proyecto se podrá aplicar a casos similares al del líder terrorista, Abimael Guzmán, fallecido este sábado 11 de setiembre.

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