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La protección constitucional del nombre y la identidad

La protección constitucional del nombre y la identidad

Esta edición de Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional gira entorno al análisis de los fallos emitidos por los jueces constitucionales del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional sobre el nombre y la identidad. Cuenta con la participación de los especialistas en la materia. Entérate más aquí.

Por Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional

viernes 3 de diciembre 2021

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En esta edición de la revista en materia constitucional más importante del país, Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional, se analiza la importante sentencia del Tribunal Constitucional donde inaplica el artículo 189 del Código Penal en el extremo referido a la pena mínima establecida para el delito de robo agravado.

Entre los autores que destacan en la presente edición tenemos a José Yvan Saravia Quispe, Steffany Montoya Rodríguez, Henry Carhuatocto Sandoval, José Naupari Wong y Manuel Bermudez-Tapia.

La protección constitucional del nombre y la identidad

En ese sentido, se analizan los siguientes casos: el amparo interpuesto por una persona intersexual en búsqueda del reconocimiento de su identidad y el acceso a servicios de salud, así como el amparo resuelto en favor de la inscripción del apellido de dos madres en el DNI de su hijo y finalmente, la decisión del Alto Tribunal sobre el orden de los apellidos de los hijos desde la perspectiva de la igualdad de género.

Amparo contra amparo y sus variantes

En la revista, también se analiza la STC Exp. Nº 01912-2020-PA/TC en la que el Tribunal Constitucional se pronunció entorno al amparo contra amparo y sus variantes. También se abordan los fundamentos por los cuales el Colegiado creó este mecanismo, los supuestos de procedencia desarrollados ampliamente en su jurisprudencia y, por último, se resalta su carácter excepcional y atípico.

Principio de proporcionalidad en la determinación de la pena

Se examina la STC Exp. Nº 00413-2021-PHC/TC, mediante la cual el Tribunal Constitucional inaplicó el artículo 189 del Código Penal en el extremo referido a la pena mínima establecida para el delito de robo agravado. En ese sentido, se describe la política criminal aplicable en la lucha contra la criminalidad, partiendo desde la finalidad de la aplicación del quantum de las penas y el vínculo con el principio de proporcionalidad. Asimismo, se emite pronunciamiento sobre la problemática actual de la pena establecida en el delito de homicidio y robo agravado.

Derecho de acceso a cargos públicos representativos

Se estudia el derecho de acceso al cargo público representativo, desarrollándose su naturaleza, el contenido constitucionalmente protegido y el desarrollo de estándares interamericanos en materia de participación política y derecho al sufragio. Así, se destaca cuestiones como el principio de proporcionalidad como límite y el derecho de regulación que poseen los Estados, respetando siempre el debate político libre y la celebración periódica de elecciones democráticas.

Medio ambiente adecuado y equilibrado en el sector de telecomunicaciones

Se aborda la STC Exp. Nº 01272-2015-PA/TC mediante la cual el Colegiado dispuso que una Municipalidad modifique los requisitos para el otorgamiento de licencias que autorizan la instalación de estaciones y/o antenas de telecomunicación en propiedad privada. Se argumenta que el gobierno provincial no venía garantizando el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado de las personas porque para otorgar la licencia solo pedía promesas de que el titular del proyecto adoptará las medidas de prevención adecuadas para evitar ruidos molestos y/o radiación no ionizante.

El procedimiento parlamentario punitivo

 

La facultad sancionadora del Congreso es muy amplia y registraría inconsistencias respecto de una evaluación constitucional y convencional, por lo que se enfatiza en la necesidad de una adaptación de las facultades punitivas parlamentarias a los principios constitucionales y procesales del debido proceso y la tutela efectiva.

Ley de interpretación de la cuestión de confianza

Se analiza la Ley Nº 31355, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política. De esta manera, se evalúa si la norma recientemente promulgada cumple con la finalidad de desarrollar íntegramente la figura de la cuestión de confianza facultativa. Asimismo, se dilucida si es correcto que se equipare la cuestión de confianza con la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

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