Daniel Salaverry: ¿Qué normas habría vulnerado su nombramiento en Perupetro?Ministerio de Energía y Minas designó al excongresista fujimorista Daniel Salaverry en el cargo de presidente del Directorio de Perupetro S.A. Con esta designación se habrían vulnerado normas que garantizan la idoneidad en la administración pública. Entérate cuáles son en la siguiente nota.
![[Img #32131]](https://laley.pe/upload/images/01_2022/7012_petroperu.png)
El 9 de enero de 2022, el ministerio de Energía y Minas publicó la Resolución Suprema N°002-2022-EM, mediante la cual designa al ex ongresista Daniel Salaverry en el cargo de presidente del Directorio de Perupetro S.A
Cabe anotar que el anterior presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, presentó su renuncia en agosto de 2021, pero siguió asumiendo el cargo por la omisión del gobierno de designar a su sucesor.
De acuerdo al artículo 13 de la Ley N°26225, Ley de Organización y Funciones de Perupetro, “los miembros del Directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar y no deberán ser funcionarios o empleados públicos”.
En dicha medida se requiere que el presidente del Directorio de Perupetro cuente con las capacidades para asegurar que esta institución cumpla con sus objetivos: promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, así como negociar, celebrar y supervisar los contratos para dichos fines.
Conforme a la declaración jurada presentada por el propio Daniel Salaverry en el marco de las elecciones generales 2021, no se advierte experiencia o formación profesional en materia de hidrocarburos. Salaverry es arquitecto de profesión y desde 2004 ha dirigido una empresa del sector construcción. Su única experiencia en el sector público fue en el cargo de congresista en el período 2016-2019.
En dicha medida, su nombramiento como director de Perupetro resulta cuestionable, al no cumplirse con el requisito previsto en el artículo 13 de la referida ley, y debería ser dejado sin efecto por el ministro de Energía y Minas.
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De otro lado, podría atribuirse responsabilidad penal contra el ministro González conforme al artículo 381 del Código Penal que regula el delito de nombramiento ilegal.
Este tipo penal se aplica cuando “funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales”. El mismo, como señala la Corte Suprema en la Casación N°418-2019/SANTA, también aplica para cargos de libre designación y remoción, como sería el cargo de director de Perupetro.
Asimismo, podría atribuirse responsabilidad penal a Salaverry, en la medida que conforme al segundo párrafo del artículo 381 del Código Penal también se sanciona al que “acepta el cargo sin contar con los requisitos legales”.
Ahora bien, para imputar este tipo al ex congresista Salaverry no basta la emisión de la resolución suprema, sino que tendría que llevar a cabo un acto formal de aceptación de dicho cargo; por ejemplo, sesionar como presidente del Directorio.
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La Contraloría ha anunciado que verificará el cumplimiento de los requisitos para la designación de Salaverry como presidente del Directorio. En la medida que la designación respondió a criterios políticos, en lugar de asegurar la adecuada conducción de esta institución y la promoción del sector de hidrocarburos.
Estas actuación del gobierno transgrede los principios constitucionales de legalidad y de buena administración, pues se está designando a un funcionario público sin atender a los requisitos legales establecidos para asegurar su idoneidad en el cargo.
En relación con la responsabilidad por la designación, debe tomarse en consideración que la resolución fue por el presidente de la República y el ministro de Energía y Minas, Eduardo González.
Ahora bien, atendiendo al artículo 128 de la Constitución, los ministros son responsables por los actos presidenciales que refrendan. En dicha medida, y al tratarse de un acto de gobierno, la responsabilidad por la designación ilegal de Salaverry recaería únicamente en el ministro González.
En este caso podría derivarse responsabilidad funcional, política e, incluso penal.
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La Contraloría General de la República ya ha anunciado que verificará el cumplimiento de los requisitos legales en la designación de Salaverry.
Ahora bien, en la medida la responsabilidad recae exclusivamente en un ministro de Estado, la Contraloría podría llevar a cabo su función de control y advertir las irregularidades de la designación, pero no podría iniciar un procedimiento sancionador.
En lugar de una sanción administrativa, corresponde la atribución de responsabilidad política a cargo del Congreso de la República. La bancada de Avanza País ya ha anunciado que presentará una moción de interpelación con el ministro Eduardo González.
Tras ello, los parlamentarios podrían presentar una moción de censura y destituir al funcionario. Sumado a ello, la Comisión de Energía y Minas ha citado al ministro del sector el 12 de enero para que explique la designación de Salaverry en Perupetro.
