En el presente caso, La Corte IDH estableció que el Estado colombiano era responsable por la violación de los artículos 8.1, 23.1. c) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Yenina Esther Martínez Esquivia.

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¿Cuál fue el caso?

Acorde al Estado colombiano, el nombramiento y la desvinculación de los fiscales nombrados en provisionalidad estaban condicionados a razones del buen servicio, y en la práctica estos funcionarios podían ser removidos por una simple declaratoria de insubsistencia que no requería motivación.

El 12 de marzo de 1992, Martínez Esquivia fue nombrada como jueza en provisionalidad. El 1 de julio de 1992, se incorporó al cargo de fiscal por medio de una resolución que no indicó ni el tipo de nombramiento ni las condiciones del mismo. El 29 de octubre de 2004, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución declarando insubsistente el nombramiento Martínez Esquivia, sin consignar motivación. Martínez Esquivia estuvo más de 12 años nombrada en un régimen de provisionalidad.

Frente a ello, interpuso recursos en sede constitucional, laboral y contencioso administrativa. Todos sus recursos fueron denegados. Asimismo, la resolución de la apelación que presentó en vía de fuero sindical –al denegársele una demanda especial- tardó casi 4 años en ser resuelta.

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¿Cómo resolvió la Corte IDH?

La Corte IDH consideró que la desvinculación, por parte del Estado colombiano, de Martínez Esquivia de su cargo de fiscal provisional violó la garantía de estabilidad que se le debe reconocer a las y los fiscales como operadores de justicia. Adicionalmente, se concluyó que esta desvinculación violó el derecho a permanecer en el cargo en condiciones generales de igualdad. 

Asimismo, la Corte consideró transgredido el derecho a la protección judicial, porque ninguna de las vías intentadas por Martínez Esquivia contó con un recurso efectivo para impugnar la decisión que la cesó de su cargo.

Finalmente, en el marco de los procesos intentados, se consideró que el Estado colombiano violó la garantía del plazo razonable al haber tardado casi cuatro años en resolver un recurso de apelación en la vía laboral.