La gestión pública peruana enfrenta grandes desafíos que redundan en su capacidad para satisfacer las necesidades de la población. Así, se evidencian factores que confluyen en problemas concretos, siendo uno de ellos la paralización de obras. En efecto, las capacidades que deben tener funcionarios y servidores públicos, además de la eficiencia e idoneidad de las labores de importantes instituciones tales como la Contraloría y, en general, el Sistema Nacional de Control o de políticas como la de integridad y lucha contra la corrupción, generan efectos importantes en la reactivación de obras públicas o la inestabilidad y constantes cambios políticos, en un momento donde una gran cantidad de estas se encuentran paralizadas.

En esta ocasión, Gestión Pública & Control buscó a Nuria Esparch Fernández, exministra de Defensa y experta en reforma y modernización del Estado, con la finalidad de conocer la capacidad de gestión del Estado en la ejecución de obras públicas, y los factores y efectos de la paralización de proyectos públicos, así como posibles soluciones.

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Entrevista por Juan F. Jiménez Mayor y Armando San Román Alva

Con frecuencia se observan obras innecesarias o que no responden a resolver una necesidad o atender un servicio requerido por la población, atribuyéndose muchas veces a defectos del expediente técnico del proyecto. ¿Considera que se ha generalizado un problema de calidad y utilidad en las obras públicas?

Creo que lo que se ha generalizado es el recambio de funcionarios que no permite la continuidad de obras importantes o que genera cambios de rumbo en las decisiones. La falta de institucionalidad, en mi opinión, es la enfermedad. Los proyectos erráticos, sin sentido o inacabados son, entonces, un síntoma.

La paralización de las obras representa un problema económico, pero también un problema social: las personas se frustran porque tienen enormes necesidades y no encuentran la utilidad de la intervención del Estado. Esta desconexión con las necesidades reales de los ciudadanos tiene un costo enorme como país, pues cada uno trata de resolver su problema de manera particular, mientras que las obras que podrían generar bienestar colectivo están mal hechas, paralizadas o en litigio.

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El Poder Ejecutivo emitió en el año 2019 el Decreto de Urgencia N° 008-2019 para reactivar y acelerar la ejecución de obras públicas paralizadas. Sin embargo, se ha observado que de las 162 obras que ya cuentan con resolución de lista priorizada en el marco de esta norma, 61 aún se encuentran paralizadas, una cantidad demasiado alta para una solución que buscaba premura en la reactivación de obras. ¿Dónde considera que está el problema?

Insisto: cuando se desinstitucionaliza el Estado, cuando se otorgan puestos por razones diferentes a las calificaciones técnicas y el mérito, tenemos resultados como este. O, mejor dicho, no tenemos resultados. Ese decreto tuvo la virtud de poner prioridades y así guiar a los funcionarios adónde poner el peso de las decisiones, pero cuando se entra al Estado por razones distintas a dedicar los esfuerzos a resolver problemas, tenemos situaciones como esta: paralización, desorientación e inestabilidad. Y los únicos perjudicados son los ciudadanos.

Las obras paralizadas no solo implican un costo a nivel de presupuesto, sino también un costo de oportunidad de no brindar un servicio público. ¿Existe un déficit de gerentes capaces de gestionar el acompañamiento de la preparación y ejecución de proyectos y obras?

Sí y no. Empiezo por el final. No hay déficit porque hay gente calificada y preparada. Muchas personas están invirtiendo en capacitación en gestión pública, que es muy específica dada la complejidad de las reglas. Cuando seleccionamos al primer grupo de gerentes públicos en el año 2009, se presentaron más de 6000 personas. Después de un proceso muy competitivo llegaron a la fase final poco más de 150 y terminaron seleccionándose 55. Pero en los años posteriores, este grupo llegó a ser de más de 500 profesionales de muy alta performance.

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Ahora voy al sí: sí hay déficit por varios problemas. El primero es porque se diseñó un sistema especial para seleccionar y remunerar a los gerentes públicos que luego no se implementó y los incentivos para ir a aquellos lugares que más gerencia necesitaban no se dieron. Por otro lado, porque las nuevas autoridades –sobre todo, las elegidas a nivel subnacional– no cumplían con dejar a los gerentes que habían firmado contratos por el plazo obligatorio mínimo de 3 años y porque, en adición, ser directivo público en el Perú es casi un deporte de alto riesgo: se toman decisiones cada día que afectan las vidas de las personas y los negocios, y ello conlleva a que los afectados critiquen las decisiones o, lo que es peor, judicialicen sus demandas. Así que no solo hay inestabilidad, pago inadecuado, sino que, además, siempre está la posibilidad que te denuncien.

Algunas personas creen que ser servidor público es superfácil y cómodo. Es más, dicen “lo que se necesita es un golpe de gerencia privada”. No es así. He visto a muchos gerentes privados fallar estrepitosamente en el Estado y no por mala voluntad, sino porque estamos llenos de reglas que, si no se cumplen escrupulosamente, generan denuncias, juicios y otras externalidades. En el sector privado si tienes un problema y los resuelves, te premian mientras que no hayas violado ninguna ley. Pero en el sector público hay que cumplir la ley para resolver el problema. No es una diferencia menor.

Nuria Esparch Fernández. Exministra de Defensa. Experta en reforma y modernización del Estado.

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