El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) criticó el proyecto de ley que busca sancionar con hasta tres años de cárcel suspendida a fiscales o jueces que filtren información reservada sobre investigaciones o procesos a terceros.

La entidad indicó que esta propuesta intenta obstruir el aporte de la justicia a la investigación periodística, por lo que enfatizó que están vigilantes de leyes que perjudiquen o impidan la labor de la prensa.

“IPYS observa con preocupación estas iniciativas por considerar que obstruyen el aporte a la justicia desde la investigación periodística y se mantiene vigilante ante cualquier norma que perjudique la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, manifestó la institución.

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Sobre el proyecto de ley

El último domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció este proyecto de ley al considerar que las filtraciones afectan el debido proceso. Sin embargo, precisó que esto no afecta a la libertad de expresión, ya que los periodistas siguen teniendo el derecho a no revelar sus fuentes de información.

“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema que el Código Procesal Penal que dice que las investigaciones son reservadas. Es decir, solo pueden tener acceso las partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, dijo en diálogo con Canal N.

“La propuesta es de una pena suspendida, la propuesta es dos a tres años de pena suspendida. Porque si la investigación es reservada y se filtra, esto se altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales”, agregó.

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ANP se pronuncia

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también se refirió a dicho proyecto de ley que plantea el Poder Ejecutivo y la calificó como un “potencial riesgo” para la actividad que realizan los periodistas, pues considera que obstruye el aporte de la justicia a la investigación de la prensa.

“La ANP alerta sobre el potencial riesgo para la actividad periodística de concretarse este proyecto que se propone desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística”, escribió la asociación en Twitter.