La Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos abrió investigación por el delito de prevaricato contra jueces y fiscales.

Según la disposición, se atribuye a los investigados haber desconocido la justicia comunal que está reconocida en la Constitución.

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Sobre los hechos

El denunciante cuestiona el trámite del Expediente Nº000234-2015-68-1005-JR-PE-01, y advierte que c                                                                                                                                 on la participación de los operadores jurídicos entre fiscales y jueces, que intervinieron en la tramitación del citado proceso penal, vulnerando la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº24656, que la decisión para declarar la extinción de la posesión que XXXX que venía ejerciendo sobre el predio denominado “Fauccamocco”, adoptado en asamblea general, y pese de haber advertido que el denunciado venia cometiendo faltas contra la referida comunidad, por estar vendiendo propiedades que son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y que en virtud de la citada ley, es que los comuneros habrían actuado.

Sin embargo, los operadores jurídicos sin tomar en consideración lo que señala los artículos 89 y 149 de la Constitución Política del Estado.

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En la tramitación del proceso, que conllevó a la condena de los integrantes de la comunidad campesina Patabamba, por el delito de Usurpación, no se habría valorado previo a establecer su competencia, que dado los elementos que concurría (humano. normativo, orgánico y geográfico), tales hechos eran de competencia de la jurisdicción especial comunal, por ende, habrían vulnerado el artículo 149 de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, la sentencia que fuera emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Calca, de fecha 09 de octubre de 2018 habría sido confirmado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Cusco, de lo que se advierte que en la tramitación de dicho proceso que confirmó la sentencia de primera instancia habrían intervenido jueces y fiscales superiores.

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