Entre sus primeras resoluciones, las salas Primera y Segunda del Tribunal Constitucional (TC) en su actual composición han coincidido –unánimemente-en desestimar una serie de demandas de hábeas data interpuestas por un grupo de abogados porque han podido comprobar que la finalidad de esas acciones es únicamente obtener el pago de costos procesales de parte de las entidades del Estado.

Al respecto, ambas Salas han considerado que, al interponer tal cantidad de demandas en serie, a distintas entidades del Estado, solicitando información general e imprecisa, que supone crear información o que tiene una apariencia de legitimidad, recargan indebidamente la actividad de la Administración Pública y evidencian un claro ejercicio abusivo del derecho, con el fin de cobrar los costos procesales. El solo requerimiento de costos, negados por el Poder Judicial en las circunstancias señaladas, no constituyen derechos beneficiarios de tutela constitucional.

Para el TC, este comportamiento de algunos abogados desvirtúa la finalidad garantista del proceso de hábeas data, entorpece la impartición de justicia constitucional, y genera un grave perjuicio económico al Estado; es por ello que, el Alto Tribunal ha procedido a desestimar dichas pretensiones y en algunos casos ha impuesto multas a esos abogados.

Por ello se procedió a desestimar dichas pretensiones y, en algunos casos, se le impuso multas a los abogados.