La congresista María Grimaneza Acuña presentó el Proyecto de Ley 2855-2022/CR que propone penalizar a quienes discriminen (empresas privadas y del sector público) a egresados de universidades no licenciadas en convocatorias laborales.

El proyecto establece como actos de discriminación cualquier señalamiento, mención o requerimiento de pertenecer o ser egresado de universidades con licencia denegada para postular, mantenerse o ascender a un cargo, dentro un centro laboral o estudiantil.

Así, de aprobarse esta iniciativa, también surtiría efectos a favor de estudiantes, egresados y docentes de universidades con licencia denegada, en cualquier área educativa, laboral o social, de acuerdo a la fórmula legal. Es decir, los alumnos que provengan de universidades cuyo licenciamiento no haya sido admitido por Sunedu podrían beneficiarse.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que el proyecto de ley penalizaría a empresas que discriminen a los egresados de estas universidades denegadas. 

Si bien es cierto que el derecho penal moderno es considerado como la última alternativa (ultima ratio) que debe usar el Estado en contra del ser humano, pues que implica la privación de sus derechos inherentes como ser humano, la pena también tiene como función la prevención de forma general y especial, en tal sentido consideramos que proponer se considere como discriminación los actos que pongna en desigualdad de condiciones a los estudiantes de universidades licenciadas y las no licenciadas. 

En otro apartado, prohíbe que entidades privadas establezcan diferencias al otorgar vacantes entre
estudiantes y egresados de universidades licenciadas y denegadas., así como establecer como requisito la 
procedencia de universidad licenciada para el acceso a cualquier cargo o empleo o practicas pre profesionales.

Finalmente, asegura que no le irrogaría gastos adicionales al Estado, ya que la modificación incide en un concepto sobre los alcances de los tipos de discriminación.