El congresista Diego Bazán Calderón presentó el Proyecto de Ley 5282/2022 que propone modificar el Código Procesal Penal para incorporar un cuarto presupuesto a la prisión preventiva. Esta controvertida propuesta legislativa plantea que para encarcelar preventivamente a un investigado se analice el peligro que representa para la víctima y la sociedad.

No se trata de un criterio en torno a los tres presupuestos regulados para dictar prisión preventiva, sino de la incoporación de un inciso al artículo 268 del Código Procesal Penal, en los siguiente términos: que el imputado, en razón de su conducta previa y de las circunstancias en las que cometió el delito, represente un peligro para la sociedad o para la víctima.

Es decir, el juez tendría que considerar cómo fue perpetrado el ilícito: conducta previa y circunstancias. Además de que el investigado represente un peligro para la sociedad o para la víctima.

Esta iniciativa legislativa desarrolla los criterios que el juez debería considerar al examinar este presupuesto. Así, de aprobarse este proyecto, el juez tendría que evaluar el número de delitos imputados en el proceso que dirije, así como en otros que puedan desarrollarse en simultáneo, además de la gravedad de todos los delitos que se le imputen. 

No solo eso, también tendría que revisar si existen procesos penales pendientes o investigaciones por cualquier delito, indica el proyecto. También tendría que evaluar el no haber actuado solo para la comisión del delito o delitos imputados en el proceso penal o en cualquier otro.

La violencia en la comisión del presunto ilítico también sería examinada por el juez, si usó o no algún tipo de arma que pudo generar lesiones leves, graves o la muerte. Incluso, si hubo lesiones, muerte en la presunta víctima o algún tipo de daño patrimonial sustancial.

Finalmente, el proyecto fija el último elemento de análisis para el presupuesto del peligro para víctima y/o sociedad: cuando exista la posibilidad de que el investigado reincida contra la presunta víctima o la comisión de nuevo delito que lo afecte.

Hay más: este proyecto también busca incorporar un criterio sobre el peligro de fuga de ciudadanos extranjeros. En la redacción de la fórmula legal del proyecto se establece que el imputado de nacionalidad extranjera tenga todos sus documentos en regla, es decir, que haya cumplido con las leyes migratorias para su ingreso y permanencia en el país.