El congresista Segundo Quiróz presentó el Proyecto de Ley 4712/2022-CR, que propone modificar la normativa vigente para que los padres que deban pensión de alimentos no puedan renovar sus pasaportes, así como sus licencias de conducir. Incluso, estos no podrán inscribirse en un partido político o movimiento regional en tanto no cumplan con su responsabilidad, de aprobarse esta iniciativa.

Puntualmente, el proyecto incorpora el artículo 11 a la Ley 28970, Ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos.

Es decir, todos aquellos padres que sean incluídos en el registro no podrán realizar dichos trámites hasta que no cumplan con su responsabilidad alimentaria. 

Asimismo, se facultaría a las instituciones públicas relacionadas (migraciones, MTC, municipalidades y JNE) la exigencia de un certificado de deudor alimentario moroso negativo para proceder con los trámites.

Según el parlamentario, con esta ley se buscaría «persuadir a los padres para no ser irresponsables en el cuidado de sus hijos».

Proponen un nuevo artículo en la Ley 28970

Artículo 2.- Modificatoria a la Ley 28970

Incorpórese el articulo 11 a la Ley 28970, el mismo que quedará redactado con el siguiente texto:

Artículo 11. Restricciones para deudores alimentarios morosos:

11.1. Las personas que se encuentren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, referido en el artículo 1 de la presente ley, no podrán concluir los siguientes trámites administrativos:

a) Emisión o renovación de pasaporte

b) Emisión o renovación de licencia de conducir

c) inscripción en partido político o movimiento regional

10.2. Las entidades publicas involucradas en los trámites administrativos referidos en este artículo, añadirán como exigencia y requisito el certificado del deudor alimentario moroso negativo para finalizar el tramite administrativo.

Exposición de motivos 

A inicios de 2023, Denys del Águila Corcuera, actual responsable del Registro de Deudores Alimentarios, detalló que a la fecha existen 5 640 padres registados como deudores. Además, pese a que se advierte que los deudores son registrados en la Central de Riesgo de la SBS, la cifra se incrementó en un 100% durante los últimos años.

Incluso, en setiembre de 2022 se acumularon más de 57 millones de soles en deudas por pensión alimenticia, según lo dio a conocer el propio Poder Judicial.

Es por esos motivos que para el parlamentario las actuales sanciones, como la imposibilidad de postular a un cargo público de elección popular, no contratar con el Estado, o no tener acceso a crédito, no son suficientes debido a que «se tratan de trámites importantes» y no «generales», al que podrían acceder más personas.

Es importante resaltar que el fundamento del congresista para limitar en su propuesta de Ley la inscripción en un partido político se sostiene en que actualmente solo hay prohibiciones para aquellos que quieran ser candidatos al Congreso de la República o postulen para presidente o vicepresidente; sin embargo, hay un número más grande que se encuentra en la lista de inscripciones del JNE con deudas por pensión alimenticia.

Por ello, concluimos que nuestra propuesta podrá mejorar los efectos del REDAM para evitar casos de morosidad alimentaria y sancionar a los deudores, lo que causará un mejoramiento de la calidad de vida de miles niños y niñas en nuestro país al asegurar su derecho de recibir apoyo económico de parte de sus padres garantizando su alimentación, cuidado y educación.

Según el parlamentario, esta propuesta no genera gasto al erario público y está ligada a los acuerdos de interés nacional que estipula el Congreso de la República. Asimismo, entraría en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.