A propósito de los últimos proyectos sobre la educación universitaria que están siendo debatidos en el Congreso de la República, los expertos en educación superior brindaron sus opiniones, comentarios y recomendaciones.

¿Qué motivó la creación de la SUNEDU?

Gorki Gonzales explica que el Tribunal Constitucional (TC) señaló, en una sentencia del año 2010, la existencia de una condición pública universitaria en el país que atravesaba un ‘’estado de cosas inconstitucional de carácter estructural’’. En ese sentido, recomendó la creación de una entidad como la actual Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Así, tanto la SUNEDU como la Ley Universitaria son efectos de este proceso histórico cuyo nacimiento parte de la referida sentencia.

¿Cuál sería el objeto de las actuales ‘’contrarreformas’’ universitarias?

Acorde con Gonzales, el objeto de estos proyectos siendo planteados desde el Parlamento es pretender suprimir las facultades e intervenir con la fiscalización de la SUNEDU, e implica un retroceso de los elementos que están constituyendo la conducción a un país viable.

Asimismo, el TC, en sentencias previas del 2014 y 2015, ya deliberó sobre los factores que supuestamente buscan replantearse ahora, como, por ejemplo, la supuesta afectación a la autonomía universitaria; y señaló que la Ley Universitaria es perfectamente constitucional.

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Ciclos de informalidad en reformas educativas

Acorde con Martín Vega, es importante analizar los puntos de conexión entre el escenario actual y el abordaje general de la informalidad.

En ese sentido, lo que se está vulnerando es la formación de los jóvenes que se encuentran llevando carreras en centros universitarios sin condiciones mínimas de calidad ni formalización.

Vega señala que la actuación de la SUNEDU ha logrado encontrar y ordenar muchas de esas situaciones límite.

¿Hay componentes de inconstitucionalidad?

Martin Vega menciona que la Constitución Política, en efecto, establece que, respecto a la educación universitaria, existe el principio de autonomía; pero, también establece que el Estado debe asegurar condiciones de calidad en todo el sistema educativo.

Es esa combinación la que da origen a la Ley Universitaria, la cual no busca establecer unas condiciones de excelencia, sino unas condiciones mínimas de calidad.

El TC ha establecido como principio general previamente que, respecto a los organismos reguladores, estos no pueden ser integrados por los regulados; y, en concreto, respecto a la regulación en universidades, estableció que debía crearse la SUNEDU, y que esta debería ser independiente de las propias universidades que serán evaluadas.

En ese sentido, la propuesta de que los miembros de la SUNEDU sean elegidos por los rectores vulnera el referido principio, ya que, en los hechos ocurrirá que los propios supervisados colocarán a quienes los supervisarán. 

En relación a darle una segunda oportunidad a las universidades no cualificadas, Vega no considera que existe un componente inconstitucional per se, sino un problema de vulneración a toda una lógica de predictibilidad. Ello porque todas las universidades públicas, y la mayoría de las universidades privadas se han sometido a ciertas reglas de juego, y fueron licenciadas bajo ciertos parámetros y plazos.

La universidad como bien público

Gorki Gonzáles considera que la universidad no puede ser entendida como ‘’pública o privada’’.

Es un bien público porque está relacionada con el desarrollo de conocimiento y ciencia, y los procesos necesarios para que el Estado genere condiciones de bienestar hacia la población; así, la universidad está asociada al Estado Constitucional.

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¿Cuál sería la contribución de la articulación de un colectivo universitario informado?

Martin Vega señala que la defensa de la reforma universitaria por parte del colectivo estudiantil tiene dos elementos interesantes.

Por un lado, en las universidades públicas los rectores son elegidos por voto universal y directo, y ya no está en funcionamiento el mecanismo anterior con el que se creaban representantes y se abrían una serie de negociaciones.

Asimismo, se crearon las defensorías estudiantiles, y problemáticas no tan visibles o normalizadas, como el acoso sexual, ya tienen mecanismos claros de acción y sanción en cada universidad.

¿Qué hito desencadenó el caos en la educación superior?

Acorde con Pepi Patrón, desde el Decreto Legislativo 886 en el gobierno de Fujimori se permitió el desencadenamiento de la educación con fines de lucro.  

En ese orden de ideas, la creación de la SUNEDU está dirigida a supervisar y a poner reglas que fiscalicen el funcionamiento de las universidades, así como el cierre de las que no cumplan con los mínimos requisitos de calidad.

En ese sentido, la actuación de la SUNEDU no atenta contra la autonomía universitaria, sino que impone un nivel de regulación que impide que las universidades sean un negocio a costa de los estudiantes.

Finalmente, Patrón señala que no es coherente defender la contra reforma bajo el argumento de que muchos estudiantes se quedarán sin educación, porque, por el contrario, al asistir a universidades no calificadas y recibir una educación de baja calidad, se están mellando sus futuras oportunidades de ingresar a puestos laborales.